(CNA/InfoCatolica) La ley pro-vida de Kentucky, H.B. 454, fue aprobada por la legislatura estatal en 2018 y firmada por el entonces gobernador Matt Bevin (R). Prohíbe la práctica de abortos por desmembramiento en vivo, un procedimiento de aborto en el segundo trimestre, después de las once semanas de embarazo. La ley fue impugnada posteriormente por el único centro abortista del estado y fue anulada en un tribunal federal.
Aunque el actual gobernador, Andy Beshead (D) y el secretario de sanidad de Kentucky no apoyan la ley, el fiscal general del estado, David Cameron (R), está intentando intervenir en defensa del texto legal y hacer que se reconsidere la negativa a que declare ante el Tribunal de Apelación del Sexto Circuito de EE.UU.
Una vez presentada de forma oral su petición ante la Corte, Cameron dijo que estaba «entusiasmado» y «optimista» sobre su caso, e indicó que para él es un «honor» tratar de defender la ley:
«Básicamente, lo que decía [la ley] de forma bipartidista y abrumadora, es que en Kentucky queremos asegurarnos de mostrar compasión en el corazón de los hombres, mujeres y niños de los 120 condados al decir que si este procedimiento [el aborto por desmembramiento] se aplica -no decimos que se aplique necesariamente, pero en caso de que ocurra- no queremos que el bebé sienta dolor en el útero».
Cameron señaló que él y su esposa esperan un bebé en enero. «El tema es más importante para nosotros», dijo, «sabiendo que tenemos un pequeño en camino».
La Corte Suprema no debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley en sí, que fue anulada por un tribunal federal de distrito, sino si el tribunal de apelación, que confrmó dicha dicha anulación debe considerar si Cameron está legalmente autorizado a intervenir en el caso. Dado que Cameron sólo se presentó para defender la ley una vez que el Sexto Circuito confirmó la decisión del tribunal inferior, se dictaminó que el fiscal no podía intervenir en el caso.
En su escrito ante la Corte Suprema, Cameron argumentó que, como fiscal general, tenía la «última palabra» a la hora de intervenir en defensa de la apelación de la sentencia del tribunal inferior. El martes, el procurador general adjunto del Estado, Matthew Kuhn, argumentó que se debería permitir a la oficina del fiscal defender la ley en el tribunal.
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(R) Republicano
(D) Demócrata
