(Kath.net/InfoCatólica) Los obispos de Austria han hecho un llamamiento al poder legislativo para que establezca medidas restrictivas que impidan que la posibilidad legal del suicidio asistido se convierta en una especie de «deber interior». Así lo subrayó el arzobispo Franz Lackner, presidente de la Conferencia Episcopal Austriaca.
En la rueda de prensa celebrada al final de la sesión plenaria de verano de la Conferencia Episcopal, Lackner volvió a recalcar que los obispos no pueden aceptar la decisión del Tribunal Constitucional, aunque haya que acatarla.
El prelado destacó los aspectos más necesarios que los obispos creen que hay que mantener a salvo con la futura ley. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la salvaguarda y la ampliación de la prevención del suicidio.
«La prevención del suicidio debe seguir siendo el objetivo sanitario declarado del Estado» indicó Mons. Lackner, quien añadió que los suicidios son tragedias existenciales, «desgarran heridas profundas en los afligidos». E hizo la siguiente observadión: «Ahora nos encontramos con la extraña situación de que hay un suicidio bueno y un suicidio malo».
La prevención del suicidio también incluye la provisión de cuidados paliativos y de hospicio en todo el país, cercanos y asequibles, así como el apoyo psicosocial en situaciones de crisis «para todos los que lo necesiten», dijo el Presidente de la Conferencia Episcopal.
La influencia de terceros también deben evitarse por ley
Los obispos aseguran que las personas dispuestas a suicidarse tendrían que estar protegidas de la influencia de terceros, y es necesario un diagnóstico y un pronóstico fiables de su enfermedad, un asesoramiento obligatorio sobre las posibilidades concretas de los cuidados paliativos y de hospicio, así como la oferta de asesoramiento psicoterapéutico.
Además, los obispos exigen que el suicidio asistido no se clasifique como un servicio de los médicos ni de ninguna otra profesión sanitaria o asistencial. Estos están «al servicio de la vida y no de la muerte».
Además, no se debe presionar a nadie para que preste asistencia a un suicidio, ni directa ni indirectamente; ni como particular ni como entidad o institución, como es el caso de un hospital o una residencia de ancianos.
Mons. Lackner continuó diciendo que el Tribunal Constitucional aún no había levantado la «prohibición de matar a petición» (ndr: es decir, sin dar razón alguna), hecho que también fue acogido con satisfacción por la mayoría de los políticos. Esta prohibición debe ser asegurada por una mayoría constitucional en el parlamento, propuso el presidente de la Conferencia Episcopal.
Los obispos aseveran que habrían preferido quedarse con la antigua situación legal de Austria: «Todo ser humano merece ser protegido. El principio y el final de la vida son momentos excelentes de la vida misma, que apuntan a otra realidad. Cuanto más presume el hombre de situar el principio y el fin bajo una viabilidad guiada por intereses, más se debilita también el tiempo de vida intermedio» .
