(CNA/InfoCatólica) Los documentos obtenidos y filtrados al público por The Guardian muestran que el departamento penitenciario de Arizona gastó más de 2.000 dólares en los ingredientes necesarios para fabricar gas de cianuro de hidrógeno, el mismo tipo de gas utilizado en el infame campo de concentración nazi de Auschwitz.
Los documentos también revelan que el estado ha «reformado» su cámara de gas para las ejecuciones.
Ron Johnson, secretario general de la Conferencia Católica de Arizona, dijo el lunes a CNA que, independientemente del método de ejecución, «los obispos de Arizona están muy preocupados de que podamos reanudar las ejecuciones en Arizona tan pronto como a finales de septiembre o principios de octubre, después de una pausa de siete años de litigios».
«Creemos que la pena de muerte contribuye a una cultura de la muerte, entre otras cosas, y nuestra oposición sigue siendo firme», dijo Johnson.
El obispo Daniel Flores de Brownsville, próximo presidente del comité de doctrina de los obispos de Estados Unidos, ha dicho que la pena de muerte es parte de la «cultura del descarte» condenada por el papa Francisco.
En una declaración a CBS News, el Departamento Correccional de Arizona declaró su intención de reanudar las ejecuciones.
El departamento dijo que está «preparado para cumplir con su obligación legal y comenzar el proceso de ejecución como parte de la sentencia legalmente impuesta, independientemente del método seleccionado. (El departamento) está preparado, junto con la Oficina del Fiscal General de Arizona, para cumplir las órdenes judiciales y hacer justicia a las familias de las víctimas.»
El comunicado señala que la ley de Arizona permite a los condenados a muerte elegir entre morir por inyección letal o por gas.
«Si el acusado no elige entre la inyección letal o el gas letal, la pena de muerte será por inyección letal», dice el comunicado.
Doctrina de la Iglesia
En una decisión disconforme con la doctrina tradicional de la Iglesia sobre esta materia, el papa Francisco ordenó en el año 2018 una revisión del Catecismo de la Iglesia Católica, calificando la pena de muerte como «inadmisible» y un «ataque a la inviolabilidad y dignidad de la persona».
Desde entonces, se ha reabierto el debate sobre su licitud objetivamente considerada y sobre las circunstancias que debe establecer y cumplir la legislación y la administración penitenciaria de los países que la admiten como condena para los delitos más graves.