(Abc/InfoCatólica) Las cinco peticiones de amparo fueron formuladas por la plataforma de la concertada, Más Plurales, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, la Asociación Católica de Propagandistas y la plataforma 'Educación Inclusiva Sí, Especial También', formada por personas con discapacidad intelectual, sus familiares y docentes.
Para Muñoz de Priego, portavoz de Más Plurales, esta ley supone un ataque a la libertad de enseñanza, reconocida en el art. 27 de la Constitución española, una modificación encubierta del texto constitucional.
Esta libertad de enseñanza que se merma, también está reconocida en el art. 14. 3 de la Carta Europea de Derechos Humanos, al referirse al «derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas», razón por la cual acudimos a las instancias europeas.»
Masplurales espera que el Parlamento decida analizar el fondo del asunto y adopte, en función de sus competencias, las medidas adecuadas para que se modifique la nueva ley con el objeto de garantizar, entre otras cuestiones, el derecho de los padres a elegir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos, que no se considere a la enseñanza concertada subsidiaria de la enseñanza pública en el sistema educativo, que no se cierren progresivamente los centros de educación especial y que se mantengan los conciertos con centros de educación diferenciada.
En ningún caso se conseguirá derogar la ley
En cuanto a qué pueden conseguir la organizaciones que han apelado al parlamento europeo, el diario Abc señala según sus fuentes:
«Hay varias opciones. Una es que pueda surgir un informe de la Comisión de Peticiones o bien de la Comisión LIBE. Una segunda opción es que, tras la elaboración de este informe, o con independencia de este, la ya mencionada Comisión de Peticiones presente una breve propuesta de resolución en el pleno del Parlamento Europeo»
En el mejor de los escenarios, continúa informando dicho diario, «este proceso podría derivar en una resolución del Parlamento europeo». Sin embargo, aclaran las mismas fuentes, «una resolución del Parlamento Europeo no implicaría una derogación de la Lomloe, ni de su contenido más problemático. No obstante, sí tendría una gran legitimación política y podría tener efecto en distintos sentidos. Por ejemplo, podría ser utilizada por la Comisión en negociaciones con España. Otro ejemplo sería la gran estocada a la 'ley Celáa' que podría justificar en un futuro su derogación. Un último efecto, sería su uso como una fuente que podría inspirar criterios interpretativos, o de diseño en futuras legislaciones».
