(Cope) En la moción, que ha sido rechazada con el voto en contra del PSOE, PP, Vox y PNV, y a favor de EH Bilud, Esquerra Republicana, Compromís y Geroa Bai, también se pedía declarar nulos los acuerdos firmados entre el Gobierno de España y la Santa Sede en 1979 por «anticonstitucionales» y declarar de dominio público y excluir del tráfico jurídico privado el patrimonio cultural de carácter religioso porque «es una obligación de la administración cuidarlo».
La senadora del PP Amelia Salanueva acusó a los proponentes de tener «una estrategia de persecución ideológica a la Iglesia» y ha defendido que las inmatriculaciones «se han realizado conforme a la ley».
El senador del PSOE José Aurelio Aguilar avanzaba en su intervención que no iban a apoyar la moción por la «discutible prosperabilidad» de la misma en lo que propone «desde el punto de vista jurídico», aunque defendió que es «absolutamente legítimo revisar» estas inmatriculaciones y ha precisado que «en modo alguno supone un ataque a los sentimientos religiosos».
La senadora de Vox, Yolanda Merelo, también acusó a EH Bildu de «atacar la libertad religiosa, la religión que profesa la abrumadora mayoría de los españoles» con esta moción y ha asegurado que las inmatriculaciones «no fueron un privilegio». «Todo esto supone una barbaridad jurídica, esta actitud laicista solo la emplean para atacar a los católicos. Ustedes no respetan a los cristianos de este país», afeó Merelo.
En la defensa de la moción, la senadora de EH Bildu Idurre Bideguren criticó que la Iglesia católica «ha gozado de distintos privilegios, como la inmatriculación de bienes» y ha precisado que «no es suficiente publicar la lista de inmatriculaciones y abrir vías para que cada uno emprenda la batalla legal» siendo «muy difícil contar con una prueba documental para presentarla ante un juez». «Los errores políticos requieren soluciones políticas», remarcó.
Por su parte, el senador de Compromís, Carles Mulet, mostró su apoyo a la moción y recordó que su grupo también presentó una parecida pendiente de debate en Comisión. Si bien, lamentó que es «clamar en el desierto» y acusó al Gobierno de ser «cómplice en el saqueo patrimonial que ha hecho la Iglesia del patrimonio».
Por su parte, el senador del PNV, Imanol Landa, se centró en el «debate en términos jurídicos de la polémica inmatriculación» y apuntó que en el proceso de inmatriculaciones «se han producido excesos» pero esto «se resuelve» con el listado.
