(Cope/InfoCatólica) El documento entregado al Congreso precisa que «la inmatriculación de los bienes no otorga la propiedad», que «tiene simplemente una función probativa o certificativa, lo que otorga seguridad jurídica, pero no tiene función constitutiva de la propiedad». «Por esta razón, el sistema de inmatriculación prevé un período de 2 años de provisionalidad para corregir errores y presentar alegaciones»
El Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, ha valorado la decisión del Consejo de Ministros de hacer público este martes, 16 de febrero, el informe sobre las inmatriculaciones de la Iglesia. El portavoz del organismo episcopal ha remarcado que «un conjunto de 35.000 inmuebles que las casi 40.000 instituciones de la Iglesia que podrían haber inmatriculado, han realizado en el período previsto por la legislación vigente. Nos agrada del reconocimiento que han hecho en el propio informe de que la Iglesia ha seguido la legalidad en la realización de este criterio inmatriculador».
El también obispo auxiliar de Valladolid ha precisado que además existían dos años después de cada acto inmatriculador para que personas con mejor derecho o instituciones pudieran reclamar la titularidad de esos bienes: «En todo caso, la Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo, por eso si alguien viniese con mejor derecho y que pudiera revisar la inmatriculación realizada, cada institución de la iglesia que haya inmatriculado, está dispuesta a hacer esa revisión si el derecho lo permite y las exigencias de la legalidad nos lo pide».
Mons. Argüello ha recordado que estos bienes de la Iglesia «están al servicio del bien común a través de las actividades propias de la comunidad cristiana: en la liturgia, en la catequesis, en la caridad, y que muchos de ellos tienen también un extraordinario valor histórico, artístico y cultural que también desde los pequeños pueblos están al servicio de la sociedad para poder visitar, para poder realizar actividades que pongan en valor esta capacidad cultural y artística que nuestros bienes tienen».
Para finalizar, el Secretario General de la CEE ha hecho un llamamiento a la colaboración entre la Iglesia, la sociedad y las administraciones públicas, con el objetivo de que «el mantenimiento de estos bienes y al mismo tiempo, para que su uso, el propio de los mismos en la liturgia, en la acción de la Iglesia y el que pueda realizarse para el bien común, social, artístico y cultural pueda seguir realizándose».
