(Agencias/InfoCatólica) Nuevamente centenares de vehículos han recorrido las calles de España para manifestar su rechazo a la LOMLOE, o «Ley Celaá», una reforma educativa que será sometida a votación en el Pleno del Senado para el próximo miércoles.
Miles de españoles se lanzan a la calle contra la «Ley Celaá» en defensa de la libertad de los padres para escoger la educación de sus hijos.
Una manifestación similar ocurrió el pasado 22 de noviembre después de que la ley pasara el trámite de la Cámara Baja.
Marchas en varias ciudades españolas
Madrid, Francisco José del Castillo, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FISIE) ha explicado que la ley es «injusta» y que «ataca» la libertad de los ciudadanos y la libertad de elección de las familias. Por su parte, Javier Muñoyerro, portavoz de la plataforma «Más Plurales» se trata de un «serio peligro» para miles de puestos de trabajo, de profesionales de la enseñanza como de personal de administración y servicios de colegios concertados.
A las pasadas movilizaciones se han sumado otras frente al Congreso y el Senado en las últimas semanas, con objetivo de intentar paralizar la nueva ley, que según los manifestantes se ha tramitado «sin el menor consenso de la comunidad educativa ni de la sociedad civil».
«Estamos, una vez más, para protestar contra esta norma, porque no es el momento ni las formas de tramitar una ley orgánica», ha añadido Muñoyerro, que ha asegurado que las marchas en coches convocadas en todas las capitales de provincia de España están discurriendo «con normalidad».
La caravana de coches más multitudinaria, la de la capital, ha recibido el apoyo de varios líderes políticos, como el presidente del PP, Pablo Casado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. También la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha participado en la protesta.
Apoyo del PP, Ciudadanos y Vox
Ayuso ha advertido de que su Gobierno «va a seguir aplicando todas las medidas que hagan falta para impedir» una ley que, a su juicio, «rompe el consenso y perjudica a la educación». Por su parte, Casado ha acusado al Ejecutivo de haber causado un problema en lugar de resolverlo. «Tanto que dicen que son el Gobierno de la gente y no están haciendo nada para escuchar a estas familias que hoy se manifiestan pidiendo libertad», ha dicho, al tiempo que ha defendido la reforma educativa del PP que, según asegura,«rebajó un 10 por ciento el fracaso y el abandono escolar».
De momento, las tres formaciones ya han anunciado que recurrirán la ley ante el Tribunal Constitucional en caso de llegar a aprobarse.