(LD) La recogida de firmas ha sido impulsada por Más Plurales, una plataforma que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos en defensa de la educación concertada. Su portavoz, Jesús Muñoz de Priego, se muestra satisfecho por el eco que ha tenido esta iniciativa, pero no se conforma:
«Nuestra siguiente meta volante son los 2 millones. La recogida de firmas va a estar abierta durante toda la tramitación parlamentaria, por lo que esperamos que las adhesiones sigan aumentando».
En declaraciones a Libertad Digital, este abogado sevillano insiste en que «el listado de agravios es inabarcable» y lo cierto es que la Ley Celaá no sólo atenta contra la educación concertada, sino también contra la educación especial, la asignatura de religión y el uso del español como lengua vehicular, entre otros puntos. Por todo ello, este viernes, Más Plurales se ha manifestado por tercera vez frente al Congreso y ya anuncia una gran marcha en coche para el próximo domingo 22 de noviembre, que recorrerá las calles de las principales ciudades de toda España. En Madrid, el recorrido será el que transcurre ente la Plaza de Cibeles y la de Cuzco y, al igual que en otros territorios, llevará por lema #StopLeyCelaá.
«No podemos tolerar que se produzca una limitación de una libertad pública sin el conocimiento de la sociedad y por la puerta de atrás», asegura De Priego. Y es que, según denuncia, la tramitación de esta ley se está llevando a cabo con «total oscurantismo y a toda velocidad». El portavoz de Más Plurales asegura que «es insólito que en tres sesiones se hayan visto casi 1.200 enmiendas» y denuncia que «es la primera vez en democracia que no se permite la intervención de la comunidad educativa en la tramitación parlamentaria».
Además, De Priego responde a quienes aseguran que están exagerando y creando una alarma innecesaria: «Si es así, es muy fácil, porque si estamos de acuerdo en el fondo y no se va a atacar a la concertada, ni a la asignatura de religión, ni a la libertad de enseñanza, entonces que la ministra nos siente alrededor de una mesa y seguro que llegamos a un acuerdo para que la redacción del articulado no de pie a estas suspicacias». Sin embargo, a su juicio, es obvio que ese no es el problema. «Es evidente que hay una actuación que restringe la libertad, pero es que, además, es una actuación coherente con las medidas que han ido tomando en las diferentes comunidades autónomas donde han gobernado PSOE y Podemos», denuncia el portavoz de Más Plurales. En este sentido, recuerda cómo en Aragón, la Comunidad Valenciana o en La Rioja se han ido reduciendo unidades concertadas en beneficio de unidades públicas. Las que se han frenado, han sido gracias a la justicia. Por eso cree que «lo que se pretende ahora es dar cobertura legal a esa actuación que han rechazado estas sentencias».
Con todo, Más Plurales advierte de que ésta «no es una ley partidista más, sino que supone un cambio de paradigma» y teme que pueda iniciar «un camino de no retorno hacia una escuela única y un monopolio» de la administración: «El intervencionismo en la educación es muy elevado, pero lo que se pretende es que sea absoluto».
Para firmar contra la Ley Celaá
