(SIC) Como ha afirmado su portavoz, Jesús Muñoz de Priego, «la LOMLOE vulnera derechos reconocidos en la Constitución, reduce progresivamente el modelo de la enseñanza concertada y atenta contra la pluralidad educativa». Además, y entre otros aspectos, la Ley Celaá pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial y relega la religión a asignatura de segunda, condenando al paro a su profesorado. Claramente, esta Ley va en contra de cualquier intento de alcanzar un Pacto de Estado por la Educación.
Durante la rueda de prensa, Jesús Muñoz de Priego explicó los motivos por los que las organizaciones de la Plataforma rechazan la Ley Celaá, que se está debatiendo en el Parlamento en plena pandemia del COVID-19, cuando no es el momento para debatir nada. La comunidad educativa está ahora en lo que tiene que estar, que es intentar paliar los efectos negativos de esta pandemia a todos los niveles, trabajando codo con codo con las Administraciones, los centros, el profesorado y las familias para sacar adelante los retos educativos y sociales que plantea este delicado momento. Por todo ello, la Plataforma denuncia que se ha sustraído a la comunidad educativa del sano y democrático debate que debe acompañar la aprobación de toda ley. La democracia social y participativa ha dejado de serlo de manera efectiva y plena en estos últimos meses.
En vez de aplazar los debates de la Ley a otro momento más oportuno, el Gobierno ha preferido aprovechar estos dramáticos momentos para acelerar su nueva Ley, sin debate y sin consenso, e introducir cambios de gran calado en su articulado que conducen hacia el dominio sistémico del Estado, dotando a las Administraciones de facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias como primeras educadoras de sus hijos.
De hecho, la LOMLOE elimina la demanda social y permite distribuir a los alumnos por centros reduciendo significativamente la elección educativa de las familias, un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se inventa un derecho a la educación pública -cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación-; la enfrenta al modelo de educación concertada, ampliamente implantado en Europa, rompiendo la complementariedad de redes recogida en la Constitución; devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión en la escuela aplicando un laicismo impropio y pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial, entre otros aspectos.
Para la Plataforma Más Plurales, como ha afirmado Muñoz de Priego, »la LOMLOE es una ley que acentúa aún más el papel intrusivo del Estado en la educación de nuestro país en detrimento de las libertades públicas». El objetivo fundamental de la Ley Celaá, consensuada entre el PSOE y Unidas Podemos, consiste en ensanchar el espacio de la escuela pública todo lo que permitan los presupuestos y la aguda crisis de natalidad que padecemos en detrimento de la libertad de las familias, que queda en un segundo plano. Con esta ley, la enseñanza concertada se convierte de hecho en subsidiaria de la enseñanza pública.
La campaña lleva por título «Más plurales, más libres, más iguales. Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos» y está promovida por las entidades adheridas a la Plataforma como son las asociaciones de padres COFAPA y CONCAPA, los sindicatos FSIE y FEUSO, las patronales Escuelas Católicas, CECE, Fundació Escola Cristiana de Catalunya y las entidades Ven y Verás, EnLibertad, Yo Libre, Reli es Más, FEDMA y Libres para Elegir.
Durante la rueda de prensa, se ha informado del inicio de una campaña de recogida de firmas contra la Ley y a favor de la convivencia de los diferentes modelos educativos y de los derechos reconocidos en nuestra Constitución en la página web www.masplurales.es.
También se informó de la puesta en marcha de una serie de acciones encaminadas a informar a la comunidad educativa del contenido de la Ley y promover movilizaciones sociales cumpliendo con todas las recomendaciones de seguridad e higiene frente a la COVID19.
Los colectivos afectados por esta ley y representados en la Plataforma en cifras:
- Más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes, que ven peligrar la continuidad de sus centros y sus puestos de trabajo.
- Cerca de 4 millones de familias a las que se limita el derecho a elegir el tipo de educación que quieren o mejor se adecúa a las necesidades de sus hijas e hijos.
- Los más de 3 millones de alumnos que eligen voluntariamente, en centros de titularidad pública y privada, cursar la asignatura de religión relegada a un segundo plano en la nueva ley.
- Más de 9.300 centros de la red concertada y privada que ven peligrar la continuidad de sus proyectos educativos.
