(Notivida) Diputados del PRO presentaron un proyecto de Resolución «por la persecución discriminatoria iniciada contra la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino - FASTA -, en cuanto amenaza el derecho al ideario institucional y las convicciones de sus miembros y afecta la libertad de cátedra en menoscabo a los Tratados de Derechos Humanos, que gozan de jerarquía constitucional»
El proyecto de resolución (expte. 2872/2020) lleva las firmas de Francisco Sánchez, Jorge Enríquez, David Schlereth, Soher El Sukaria y Dina Rezinovsky.
En los fundamentos recuerdan que Victoria Donda, presidente del INADI, anunció que iba a iniciar acciones por el supuesto «discurso de odio» que el diario Página 12 le atribuyó a los colegios de FASTA.
Destacan la labor educativa y social que FASTA lleva adelante en nuestro país, «anclada en una concepción cristiana del mundo y del orden social» y enfatizan que «el derecho a la libertad de ideario que ejerce la citada institución está enraizado en la potestad de los padres de elegir para sus hijos una educación de acuerdo a sus convicciones».
Describen el marco jurídico que ampara de modo incontrastable el derecho de los padres a elegir y supervisar de la educación de los hijos, particularmente en materia moral y religiosa.
Denuncian que «un avance del Estado sobre las instituciones de educación privada y confesional, como el que insinúan las declaraciones de la directora del INADI, redundará en un menoscabo del derecho a la libertad de conciencia».
«Este hecho genera una honda preocupación, toda vez que percibimos una creciente intención de que, bajo el pretexto de interpretaciones sesgadas basadas en una ideología particular, se restrinja la libertad del ideario de las instituciones educativas privadas y confesionales. Máxime si se tiene en cuenta que esta tendencia se enmarca en un contexto de hostilidad y discriminación hacia la Iglesia Católica y las confesiones cristianas en general, ejercidas desde organismos que -en teoría- deben velar por la tolerancia y la no discriminación».
Concluyen que «la imposición desde el Estado de un pensamiento único, que responde a una concepción autoritaria de las instituciones, resulta en un todo contraria a la dignidad inherente a la persona humana y al espíritu de nuestro extenso plexo constitucional».
