(Caritas/InfoCatólica) Junto a esto, el Informe 2020 de FOESSA alerta de que la pandemia ha anulado en sólo dos meses el efecto de la recuperación y hemos vuelto a las cifras del peor momento de la última crisis.
En una rueda de prensa celebrada hoy en Madrid, Cáritas ha dado cuenta de tres documentos de notable alcance: los resultados de una encuesta a toda la Confederación realizada por su Equipo de Estudios de Cáritas para pulsar cuál está siendo el impacto de la Covid-19 en las Cáritas Diocesanas de toda España, los datos recogidos en la Memoria anual 2019 y el Informe 2020 de la Fundación FOESSA, que se edita dentro de la colección «Análisis y Perspectivas» bajo el título «Distancia Social y Derecho al Cuidado».
La rueda de prensa ha contado con las intervenciones de monseñor Jesús Fernández, obispo electo de Astorga y acompañante de Cáritas en la Conferencia Episcopal; Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española; Natalia Peiro, secretaria general; y Guillermo Fernández, técnico del Equipo de Estudios.
Impacto del coronavirus en las Cáritas Diocesanas
Según el avance de datos aportado por Natalia Peiro sobre la encuesta a las 70 Cáritas Diocesanas de todo el país, se confirma que en los últimos tres meses el número de peticiones de ayuda que han recibido las Cáritas se ha incrementado un 77%. Si bien las demandas presenciales cayeron un 26%, el incremento de las solicitudes por teléfono ha crecido un 60% y un 20% a través de otros canales virtuales, como redes sociales, correo electrónico y web.
El alza de las situaciones de necesidad provocada por esta crisis ha traducido ese aumento de demandas de ayuda en un importante crecimiento del 57% en las personas atendidas.
Junto a ello, otro dato que revela la agilidad con la que la Confederación ha respondido a esta situación es que ha multiplicado por 2,7 los fondos económicos destinados a cubrir necesidades básicas. Estas se han centrado en ámbitos clásicos atendidos desde la Confederación, como alimentación o vivienda, a los que se han sumado, de forma menos intensa pero considerable, la solicitud de conexión y dispositivos electrónicos para poder seguir el ritmo escolar, la ayuda para la realización de trámites online y el apoyo afectivo ante situaciones de soledad e incertidumbre.
En cuanto al perfil de las personas que han acudido a Cáritas, se constata la llegada de personas que nunca antes se habían acercado a Cáritas. Durante esta crisis, una de cada tres personas (33%) es nueva o hacía más de un año que no acudía solicitando ayuda. En cifras globales, el 26% de quienes han acudido a Cáritas por esta crisis es la primera vez que lo hacían.
La encuesta pone también el foco en la realidad de las personas sin hogar, especialmente expuestas al impacto del coronavirus, sobre todo por la vulnerabilidad en la situación de confinamiento decretada dentro del estado de alarma al carecer de un domicilio donde recluirse.
Mientras que en 2019 Cáritas ha gestionado 5.000 plazas dirigidas a personas sin hogar y ha acompañado a número total de personas sin hogar estimado entre 35.000 y 38.000 personas, la declaración del estado de alarma ha supuesto un aumento e intensificación de la actividad de toda la Confederación en este ámbito, tanto a través de la adaptación de recursos existentes como de la creación de nuevos centros y/o plazas.
En total, en los últimos tres meses se han creado más de 1.300 nuevas plazas complementarias en todo el territorio español, que se han concentrado en albergues, residencias o centros de acogida, centros de día, polideportivos, y seminarios.
El 71% de la titularidad de estas nuevas plazas creadas es pública (el 61 % por ciento de ellas en colaboración con las Administraciones locales y un 10% en colaboración con las Administraciones autonómicas), mientras que el 28% restante ha sido de gestión propia.
MEMORIA 2019: 2,4 millones de personas acompañadas y 337 millones de euros invertidos
En la rueda de prensa se han ofrecido también los datos de actividad confederal desarrollados por Cáritas en 2019.
La Memoria anual da cuenta de destino de los 337 millones de euros invertidos por el conjunto de las Cáritas Diocesanas para acompañar a un total de 2.391.506 personas. De estas, 1.403.269 participantes y personas acompañadas en España y otras 988.237 en proyectos de cooperación internacional. Por programas, donde se concentra el mayor número de participantes son Acogida y Asistencia (72,7), seguidos de Empleo y Economía Social (7%) y Familia, Infancia y Juventud (6,2%).
En cuanto al destino de los recursos invertidos en 2019, las partidas presupuestarias más destacadas han sido Acogida y Asistencia (22,7% del total); Empleo, Comercio Justo y Economía social (17%); Mayores (10,3%); Personas Sin Hogar (10%); Familia, Infancia y Juventud (7,8%); y Cooperación Internacional (6,8%), entre otros.
Austeridad e independencia
Un año más, destaca el compromiso que Cáritas mantiene con la austeridad en la gestión, ya que sólo 6,7 céntimos de cada euro se destinan a gastos de Administración.
Otro dato sobresaliente, que sigue la tendencia habitual de ejercicios anteriores, es el porcentaje de apoyo privado las acciones de Cáritas, que representa el 71% (239 millones de euros) del total de recursos invertidos. Similar tendencia se confirma en la financiación pública, que suponen el 29% (casi 98 millones de euros) del total.
Es decir, de cada 100 euros invertidos, 71 proceden de aportaciones privadas y 29 de fondos públicos.
Al abordar el apartado de los recursos humanos que hacen posible toda la actividad e Cáritas, que se apoya, según se recoge en la Memoria anual, en 80.995 voluntarios y 5.571 personas contratadas, Natalia Peiro señaló que «junto a la aportación económica no es menos importante la misión de los voluntarios que han hecho posible en los últimos meses a las acciones de Cáritas para contener los efectos sociales del coronavirus». »Finalizado el Estado de Alarma, para nosotros es un reto mantener este espíritu solidario y el compromiso gratuito que hacen de Cáritas una organización voluntaria», subrayó.
Informe FOESSA 2020: La pandemia ha anulado el efecto de la recuperación
Junto a la Memoria anual y los datos de la encuesta, en el encuentro informativo se ha presentado también el Informe 2020 de la Fundación FOESSA que, se publica dentro de la colección «Análisis y Perspectivas» y que este año lleva como título «Distancia Social y Derecho al Cuidado».
El foco del análisis se pone, como es inevitable, en detectar el impacto que la Covid-19 está teniendo en la estructura social de nuestro país y que, como alertó Guillermo Fernández, «ha paralizado el lento proceso de recuperación que venía iniciándose desde mediados de la década y ha trastocado todas las previsiones y cambiado los planes de desarrollo de todos los sectores socioeconómicos».
En este Informe FOESSA se dibuja un retrato que se sintetiza en siete conclusiones:
1ª. La pobreza severa no había parado de aumentar, a pesar de la recuperación del empleo, antes de la COVID-19. Llueve sobre mojado, hoy tres de cada 10 personas en la exclusión grave carecen de cualquier tipo de ingreso.
2º Los hogares en exclusión grave que se sostenían sólo de los ingresos de su propia actividad laboral, que casi habían alcanzado a la mitad del colectivo antes de la crisis, han vuelto a caer dramáticamente. Hoy solo 1 de cada cuatro hogares se puede sostener del empleo.
3º Tenemos delante una crisis de emergencia habitacional en ciernes que no estamos queriendo ver. Tras el primer impacto del coronavirus, la mitad de los hogares en situación de grave precariedad no pueden hacer frente a los pagos de hipoteca o alquiler de la vivienda (49,2%) y no disponen de dinero suficiente para pagar gastos de suministros (51,2%).
4º El gradiente de la salud adquiere un mayor peso en esta crisis, que incrementa la tendencia de los últimos años en el espacio de la exclusión social grave. Uno de los datos más relevantes de la Encuesta FOESSA en el 2018 fue descubrir que la dimensión de la salud había empezado a convertirse en el determinante más influyente en los procesos de exclusión grave en algunos territorios de nuestro país. El 60% de los hogares en exclusión grave ha visto cómo empeoraba su estado psico-emocional durante el confinamiento, mientras que el 26% consideran que ha empeorado su estado físico.
5º No pertenecer a la comunidad virtual está minando la igualdad de oportunidades, tanto en la infancia como en los hogares más excluidos. Para uno de cada tres hogares en exclusión grave (34%) está disminuyendo el rendimiento escolar de sus hijos e hijas al no poder seguir el ritmo marcado. El resultado es que muchas niñas y niños se están quedando atrás en el ámbito escolar.
6ª La conciliación y las oportunidades de una mayor convivencia han estado determinadas por los niveles de renta. Un 18% de los hogares en exclusión grave con menores de edad a cargo admite haber tenido que renunciar a una ocupación o puesto de trabajo para hacerse cargo de ellos.
7º Las redes de apoyo, debilitadas tras la última crisis, pierden aún más capacidad de ayuda. La familia y los entornos cercanos siguen ayudando, pero cada vez menos, porque cada vez hay menos desde donde ayudar. La novedad quizá de esta crisis es que está introduciendo una nueva variable de estratificación social entre nosotros vinculada al riesgo de confinamiento. Este nos ha estructurado en tres grandes grupos: los confinados seguros, los confinados de riesgo y los desarraigados.
Retos para mejorar nuestro modelo de desarrollo social
El «Análisis y Perspectiva 2020» lanza, como es habitual, una propuesta de retos que permitan incidir en los desajustes estructurales detectados. A saber:
– Aislar el debate sobre la salud pública de la crispación del clima político. Hay una elevada probabilidad de que la salud pública se convierta en un elemento electoral con gran potencial conflictivo, siendo un nuevo campo de batalla donde las fuerzas políticas pondrán en evidencia la falta de consensos de envergadura.
– Revisar la atención a la dependencia, más de lo que se vaya a realizar La ciudadanía ha tomado conciencia de las deficiencias del sector, que se ha puesto en evidencia de forma dramática en las residencias de personas mayores. Si solo se toman medidas de control y supervisión, no se acometerá el déficit estructural de nuestro sistema de dependencia.
– Visibilizar el pilar de los cuidados sacándolo del debate de círculos reducidos. Esta crisis nos ha puesto frente al espejo de la necesidad de cuidarnos los unos a los otros. Necesitamos construir un modelo articulado donde lo público, lo privado y lo comunitario se vayan tejiendo para promover una responsabilidad compartida que prevalezca sobre un planteamiento de individualización.
– Consolidar el Ingreso Mínimo Vital en el sistema de Garantía de Ingresos en España. El reto es consolidar este derecho desvinculándolo del derecho a recibir apoyo para la inclusión social. Lo que conocemos como doble derecho: derecho a la supervivencia material y derecho a la inclusión social. Las CC.AA. tienen ahora la oportunidad de transformar sus rentas mínimas complementando las medidas de lucha contra la pobreza, como por ejemplo un complemento para el acceso a la vivienda.
– Reducir la brecha digital con una estrategia coordinada. No es suficiente con una fuerte inversión en infraestructuras y dispositivos, sino que también hay que contemplar la formación a determinados perfiles poblacionales más ajenos a la realidad digital. Si dicho proceso no se le dota de cierta homogeneidad, puede derivar en nuevas desigualdades territoriales.
– Incrementar la pedagogía fiscal para acometer una reforma en profundidad. Un mejor Estado de Bienestar necesita que todos seamos conscientes de sus costes y de las seguridades que nos ofrece.
– Construir puentes en un contexto de fuerte enfrentamiento político-social. Cada vez son más las evidencias del riesgo que corremos de salir de esta crisis con una polarización social que no ayude a enfrentar el futuro. Por eso es más necesario que nunca construir puentes, acciones e ideas que rompan los bloques inmovilistas y que acerquen a las personas. Se requiere de liderazgos políticos y sociales que generen consenso y que no sean manipulados e ideologizados por ningún bloque que trate de sacar rédito electoral en su rechazo o adhesión.
