(Efe/InfoCatólica) El líder del PSOE-CyL, Luis Tudanca, ha remarcado en los últimos días que incluso durante la vigencia del estado de alarma por la pandemia del coronavirus decenas de mujeres han tenido que viajar a otras comunidades autónomas para ejercer este derecho en centros hospitalarios de fuera de Castilla y León, donde los socialistas consideran que se produce un «fraude de ley» al no tener actualizados los registros de médicos objetores y por «pervertir» el sentido de la objeción, que debe ser «necesariamente individual».
El PSOE argumenta en los antecedentes de su iniciativa que la Junta ha permitido que esta prestación, consistente en matar al hijo no nacido en el seno materno, no esté disponible prácticamente en ningún hospital público y tan solo en dos centros privados de la Comunidad, por lo que «obliga a las mujeres» que lo requieren a salir de la red pública y también a viajar a otra provincia o Comunidad vecina.
En este sentido, han recordado que en el hospital público de Miranda de Ebro (Burgos) siete profesionales realizan abortos, por lo que en opinión del PSOE «no parece consistente que en ningún servicio de ginecología del resto de centros públicos de la Comunidad, casi siempre con más profesionales, el número de objetores individuales impida la puesta en marcha del procedimiento».
El PSOE se ha quejado igualmente por los «costes innecesarios» que generan para las arcas públicas los convenios y contratos con clínicas privadas y ha puesto como ejemplo que el acuerdo del Hospital de Burgos con una privada de Valladolid tiene un coste de hasta 300.000 euros, que dejan de ir a otro tipo de inversiones en el ámbito público.
Junto a estas garantías para que las mujeres puedan ejercer su derecho a que les maten a sus hijos no nacidos en la sanidad pública, el PSOE ha incorporado a su proposición no de ley, que será debatida el miércoles, una serie de medidas preventivas como el refuerzo de la educación sexual entre los menores, potenciar los servicios de planificación familiar e incluso establecer la gratuidad de los métodos anticonceptivos para los jóvenes. Por supuesto, sin tener en cuenta la opinión de los padres de esos menores.
