(LSN/InfoCatólica) El juez Brian Giesbrecht expresó su parecer en un artículo de opinión en el Epoch Times titulado «El problema con la propuesta de prohibición de la terapia de conversión en Canadá».
En su artículo, Giesbrecht escribió sobre los proyectos de ley C8 y S-202, que, si se aprueban, criminalizarán la llamada «terapia de conversión».
«Es verdaderamente aterrador que si esta legislación se aprueba, cualquier asesoramiento que no se considere 'afirmativo' (ndr: o sea, a favor del cambio de sexo) será ilegal», escribió Giesbrecht.
«En otras palabras, un profesional que podría ayudar a un niño a aceptar su sexo biológico mediante tratamiento psicológico se convertiría en un delincuente en virtud de esta legislación. Esto es profundamente malvado»
Giesbrecht escribió que hay un «acuerdo universal» de que los padres que tienen un hijo con disforia de género luchan con «desafíos inmensamente difíciles» pero añadió que el gobierno ha elegido ir en contra de la elección de los padres al «hacer ilegal que los padres busquen ciertos tipos de tratameinto para su hijo. Pero eso es exactamente lo que el gobierno ha elegido hacer. Esta legislación es probablemente el asalto más agresivo a la patria potestad que un gobierno federal haya intentado jamás. Si se aprueba, corre el riesgo de destruir el vínculo entre padre e hijo cuando la filosofía o la religión de un padre entra en conflicto con la del estado».
Giesbrecht fue juez en Manitoba desde 1991 hasta que se retiró de la magistratura en 2007. Ahora forma parte del Frontier Centre for Public Policy
En su crítica a los proyectos de ley C8 y S-202, Giesbrecht dijo que la legislación canadiense propuesta es una respuesta a la «campaña de las Naciones Unidas para la educación sexual integral de los niños».
Según indicia la web de la ONU, la educación sexual integral «capacita a los jóvenes para conocer y exigir sus derechos. La importancia de la educación sexual ha sido reconocida por numerosos acuerdos internacionales«.
Giesbrecht asegura que mientras «ninguna persona razonable» estaría en desacuerdo con la noción de que «como parte de su educación», los niños deben recibir información sexual, los «extremistas» han influido en los líderes políticos con su ideología radical.
«Los activistas extremistas han convencido a algunos líderes particularmente 'progresistas' de que deben ir mucho más allá de la educación. La 'Educación Sexual' en algunos lugares ahora incluye una agenda extrema que enfatiza la sexualización temprana de los niños», escribe Giesbrecht, que su vez advierte que uno de los problemas de los «expertos» encargados de elaborar las leyes y asesorar a los encargados de la formulación de políticas es que son «las mismas personas que suelen participar en el sistema de cambio de género».
Los proyectos de ley
Presentado por el ministro de justicia David Lametti el 9 de marzo, el proyecto de ley C-8 tipificará como delito en el Código Penal 1) hacer que un menor se someta a una terapia de conversión, 2) sacar a un menor de Canadá para someterlo a una terapia de conversión, 3) hacer que una persona adulta se someta a una terapia de conversión contra su voluntad, 4) obtener beneficios económicos de la terapia de conversión y 5) hacer publicidad de la terapia de conversión.
El proyecto de ley C-8 define la «terapia de conversión» como: «una práctica, tratamiento o servicio diseñado para cambiar la orientación sexual de una persona a heterosexual o la identidad de género a cisgénero, o para reprimir o reducir la atracción no heterosexual o el comportamiento sexual».
El proyecto de ley añade: «Para mayor certeza, no se admite una práctica, tratamiento o servicio que se relacione: a) con la transición de género de una persona; o b) con la exploración de la identidad de una persona o su desarrollo».
El proyecto de ley fija una pena de hasta cinco años por hacer que un menor se someta a una «terapia de conversión», ya sea dentro o fuera de Canadá, o por obligar a un adulto a hacerlo. Beneficiarse económicamente de la publicidad de la «terapia de conversión» se castiga con hasta dos años de cárcel.
El proyecto de ley S-202, ahora en el Senado, criminalizaría la llamada terapia de conversión, que define de la siguiente manera:
«cualquier práctica, tratamiento o servicio destinado a cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona o a eliminar o reducir la atracción sexual o el comportamiento sexual entre personas del mismo sexo. Para mayor certeza, no se admite el cambio de sexo quirúrgico o cualquier otro servicio relacionado».
Giesbrecht concluyó su artículo de opinión diciendo que los proyectos de ley C8 y S-202 castigarían a un padre o psicólogo que quisieran ayudar a un niño a superar la confusión de género, incluso si el niño cambia de opinión, pero no castigaría a un psicólogo «que aboga por un cambio de género».
