(EP/INfoCatólica) Este diagnóstico fue votado en contra por tres de los vocales de la Comisión de Estudios, entre ellos Uría, que defendió en dicho debate la constitucionalidad del texto, pese a reconocer que puede ser mejorado en algunos aspectos técnicos.
Uría concluyó su primer borrador del proyecto el pasado viernes y se lo remitió al presidente de la Comisión de Estudios, el vocal José Manuel Gómez Benítez, que es catedrático de Derecho Penal. Si esta ponencia supera el trámite de la Comisión, lo que parece bastante probable, será remitida al Pleno del próximo día 23 para su aprobación definitiva.
Se rechaza un primer informe crítico con la nueva ley
El informe del ponente inicial, el vocal propuesto por el PP Claro José Fernández, apuntaba que, en congruencia con la doctrina del Tribunal Constitucional, no cabe reconocer un supuesto derecho al aborto al tratarse de un acto que supone la negación o destrucción de un bien jurídico superior como es la vida humana.
El informe rechazado también abundaba sobre la necesidad de avanzar en políticas de apoyo efectivo a la mujer embarazada y de informar a la gestante de forma personal y no estandarizada sobre su situación concreta, y tanto en los aspectos médicos como psíquicos y de ayudas públicas a las que poder acudir. La finalidad es que Estado pueda disponer de las garantías necesarias para proteger la vida del 'nasciturus'.
Además, Fernández optaba por mantener la legislación actual al objeto de que la prestación del consentimiento en materia de interrupción voluntaria del embarazo, para que éste siga sujeto al régimen de la mayoría de edad.
Frente a este diagnóstico votaron en contra tres de los vocales: Margarita Uría, designada a propuesta del PNV, y los designados a propuesta del PSOE Margarita Robles y José Manuel Gómez Benítez.
Según fuentes del CGPJ, dos de éstos estos vocales plantearon que los aspectos de la ley criticados en la ponencia eran "perfectamente constitucionales" mientras que otro vocal expuso sus dudas de que que el informe del CGPJ pueda entrar en cuestiones que únicamente corresponde determinar al Tribunal Constitucional.
Unicamente votaron a favor de la ponencia el propio Fernández y la vocal igualmente designada a propuesta del PP Concepción Espejel, lo que obligó a la retirada de este documento y la designación Uría como nuevo ponente.
La norma prevé inicialmente que la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14, siempre que, como mínimo tres días antes de la interrupción, haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión.
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, explicó con ocasión de la presentación del Anteproyecto que, de manera excepcional y hasta la semana veintidós la mujer podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. En los dos casos, deberá acompañar un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.
