(Libertad Digital) Las muertes, según el letrado de la defensa de los sanitarios, Ricardo Alonso Fernández, «podían haberse evitado de no haberse realizado dejación de funciones, abandono de los empleados y negación del material sanitario cuando se tenía».
Por este motivo, en la denuncia se recoge un «delito contra la salud de trabajadores y residentes con resultado de muerte y daños»; que sumado a la falta de información del estado de salud de los ancianos a sus familiares desembocaría en «una negación del deber de socorro», para que los familiares pudieran decidir si sacar a los ancianos de la residencia o permitir que permanecieran en ella, tal como recoge el Defensor del Paciente.
La Fiscalía de León ya ha iniciado la investigación por supuestas irregularidades en la residencia tras admitir a trámite la denuncia trasladada por la Asociación del Defensor del Paciente. El abogado defensor avisa de que el máximo responsable sería el mediático sacerdote al que le podrían caer responsabilidades penales, laborales y civiles. «Vamos a ir a juicio, esperemos que así sea porque lo que allí ha ocurrido ha sido un escándalo.
El centro tiene 240 plazas, con un importante número de ellas concertadas con Junta de Castilla y León. Hemos hecho una cronología de los hechos y es indudable que se ha actuado de forma negligente».
Una tableta de chocolate
Libertad Digital ha contactado con una de las sanitarias denunciantes que prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias en su puesto de trabajo. La empleada desvela que Mensajeros de la Paz no compró nunca material sanitario. «Estuvimos trabajando sin mascarillas, sin EPI, sin nada. Nos expusimos y expusimos a los ancianos al contagio. Cuando fui a dirección a pedir mascarillas, la directora me dijo que no fuera de víctima y que había mucha picaresca con los equipos. Ella sí tenía su EPI y estaba encerrada en su despacho, mientras que nosotros no. El único material que nos llegó fue de donaciones y la gente de León que nos hizo mascarillas de tela», afirma la afectada.
Con la plantilla cayendo como moscas de baja y contagiados de coronavirus, la sanitaria describe una situación infernal «con los pobres abuelos». De hecho, asegura que «todavía seguimos viviendo un infierno sin material. Yo hoy me estoy haciendo un gorro. Aquello de ONG no tiene nada. El padre Ángel lo que tiene es un negocio y después vende a los medios de comunicación que es otra cosa. Para que vean cómo es el párroco diré que nos llegó una caja recientemente. Todos los sanitarios creíamos que eran EPI, lo esperábamos con ansiedad. Pues resulta que eran tabletas de chocolate. La directora nos fue repartiendo de la tableta de uno en uno y nos dijo que era un regalo del padre Ángel por lo que habíamos hecho y que lo tuviéramos en cuenta. Indignante...¡tabletas de chocolate en lugar de EPI, así se las gasta este señor!», exclama.
El jurista de la defensa escribe en la denuncia que la dirección en Madrid era consciente de la gravedad y riesgo para trabajadores y residentes. «Pero en La Bañeza piden silencio. La directora pregona que son muertes naturales dentro de lo normal y fuerza a mantener a los trabajadores callados. El 25 de marzo, a la vista del escándalo porque lo contamos a un medio local, el padre Ángel advierte del riesgo y responsabilidades que incurren y pide ayuda pública, después de ocultar la situación casi dos semanas y ser responsable directo de haber enviado a un residente enfermo (caso cero) desde Madrid. Consigue con su influencia en prensa que se rebaje el impacto y en un par de días se deja de hablar del asunto. Pero lo que está claro es que los fallecidos aumentaban y a fecha de 8 de abril había ya 66 ancianos muertos. Las trabajadoras seguían sin recibir ningún material sanitario de Mensajeros de la Paz. Y continúan sin tenerlo. El 21 de abril hay ya 72 fallecidos y los familiares están muy nerviosos. De hecho muchos de ellos se van a querellar».
Conglomerado de residencias del padre Ángel
Los sanitarios denunciantes tienen muy claro que esperan ver en el banquillo al padre Ángel. Revelan que las irregularidades de la ONG Mensajeros de la Paz vienen de lejos, antes del inicio de la pandemia. «Nos negaban la compra de pañales. Decían que gastábamos muchos. Tuvimos a los abuelos mojados con compresas porque no querían comprar material sanitario. Era horroroso el trato», admite una de las auxiliares a Libertad Digital.
En las visitas que el padre Ángel ha hecho a la residencia de León con anterioridad, la sanitaria recuerda que «no miraba a los ancianos ni a los empleados. No le importamos nada. Es una persona muy soberbia y lo único que quiere es fama y dinero», cuenta.
El centro asistencial La Bañeza es uno de los buques insignias de la fundación, según ha podido saber este diario. Forma parte de un conglomerado de residencias compuesto por más de un centenar de centros dirigidos por Mensajeros de la Paz con acuerdos concertados con las Comunidades Autónomas. «Cobran a todos los ancianos. Reciben dinero y subvenciones públicas, gratis no hacen nada», señala el letrado Ricardo Alonso. En su mayoría están especializadas en atención a grandes dependientes y personas con edad muy avanzada.
