(EC) Según Escuelas Católicas, la nueva ley considera a la enseñanza concertada como subsidiaria de la escuela pública; y limita los derechos de los titulares de los centros y de las familias, sometiendo la libertad de elección a la «planificación» administrativa y poniendo en riesgo la continuidad de numerosas unidades concertadas.
Desde Escuelas Católicas, institución que representa a cerca de 2.000 centros educativos en toda España, más de 1.200.000 alumnos y 103.000 trabajadores, se quiere recordar al Gobierno y a la Ministra de Educación que es un grave error considerar la enseñanza concertada subsidiaria de la pública. Ambas redes deben seguir siendo consideradas como complementarias, de acuerdo con todas las leyes anteriores, y sin olvidar que la razón de ser de los conciertos no es otra que garantizar el derecho de elección de tipo de centro por parte de los padres de alumnos, con independencia de su situación económica.
Resulta especialmente preocupante la supresión del criterio de la demanda social en la programación de puestos escolares, y la inclusión de un representante municipal, que no es otra cosa que un «comisario político», en los Consejos Escolares de los centros concertados.
Escuelas Católicas siempre apoyará todas aquellas medidas académicas que refuercen la autonomía de los centros y el aumento de oportunidades de los alumnos, pero no aquellas que propicien una rebaja de la calidad y del mínimo nivel de exigencia tales como: la excepcionalidad de las repeticiones (no se resuelve la cuestión prohibiéndolas, sino reforzando la atención individualizada); la posibilidad de cursar el Bachillerato en tres años (una manera sutil de evitar hablar en este caso de «repeticiones»); la eliminación de las pruebas finales de etapa; o la obtención del título de Bachillerato con una asignatura suspensa.
Por otra parte, EC lamenta que se degrade el estatus de la clase de Religión, a pesar de ser una asignatura que elige libremente la inmensa mayoría de los padres y contribuye al desarrollo integral de la persona, objetivo último de la educación.
De nuevo una Ley sin consenso
La nueva Ley de Educación se plantea como una reacción a la LOMCE, que no fue una ley de consenso. Sin embargo, esta nueva Ley tampoco nace del mínimo consenso necesario para garantizar la estabilidad del sistema educativo, ni es fruto del ansiado Pacto por la Educación, un pacto que en su momento rechazaron los mismos que ahora apoyan esta ley. Se intenta justificar en la corrección de los errores de la LOMCE, especialmente en lo que pudo suponer de ruptura de la equidad, pero en realidad es una vuelta al modelo ya conocido y superado de la LOE de 2006.
Escuelas Católicas tampoco entiende la urgencia declarada para defender su tramitación exprés (sin pasar por el Consejo Escolar del Estado ni por el Consejo de Estado), pues las medidas más controvertidas de la LOMCE no se han llegado a aplicar, como las denominadas «reválidas» de ESO y Bachillerato, o la imposibilidad de obtención del título de ESO desde la FP Básica.
Escuelas Católicas está convencida de la necesidad de mejorar la educación en España y está dispuesta, como siempre, a colaborar en este fin. Considera que para lograrlo es necesario que la nueva Ley se desarrolle en un ambiente de consenso, por lo que apoyará todo lo que suponga una aportación a la armonización de la calidad de la enseñanza y a la equidad para todos, a la vez que continuará defendiendo por todos los cauces posibles la libertad de enseñanza, con todo lo que supone para una país plural y democrático.
