(Agencias/InfoCatólica) La ley pretende hacer un reconocimiento expreso de los derechos del niño y del «interés superior del menor» en la educación, de tal forma que sea el Estado, y no los padres, quien determine cuáles son los valores cívicos y morales que deben quedar garantizados en el sistema educativo.
Ello implica que si el Estado determina que la educación en materia de sexualidad y de ideología de género forma parte de ese «interés superior», no habrá posibilidad alguna de que los padres o tutores puedan oponerse
Precisamente eso es lo que el Gobierno alega en contra del pin parental puesto en marcha en Murcia.
Celáa ha anunciado que «por primera vez» la nueva ley educativa incluirá «el enfoque de derechos de la infancia como principio rector del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor».
Oposición de Vox y PP
«El pin parental o pin constitucional al que usted se opone frontalemente es una fórmula para evitar el adoctrinamiento so capa de laicidad, contra la falta de neutralidad en la educación de conciencia», ha afirmado la diputada de Vox Georgina Trías, que ha acusado al Gobierno de pretender romper el «vínculo, no estrictamente de pertenencia, sino de amor» por el que los padres deben poder elegir sobre las enseñanzas que reciben en el colegio. También ha reprochado a Celáa la pretensión de «dejar huérfano al niño y al adolescente de sus referencias».
El diputado del PP Oscar Clavell ha subrayado que su partido defiende «la libertad de las familias para escoger el tipo de educación que quieran nuestros hijos sin intromisiones». El PP ha vuelto este jueves a ofrecer al Gobierno un «gran pacto de Estado» en Educación, pero condicionado a que «fortalezca las enseñanzas comunes» a toda España, «defiende la libertad de los padres para defender la educación que quieren para sus hijos» y que «el castellano tenga presencia garantizada en el sistema educativo».
