(Catholic Herald/InfoCatólica) El informe viene a apoyar una ley de Louisiana que exigiría que los médicos que realizan abortos tuviesen «admitting privileges» (es decir, que un médico, como miembro del personal sanitario de un hospital, tenga la facultad de poder admitir pacientes)en las clínicas cercanas. La Corte Suprema oirá los alegatos orales que impugnan dicha ley el próximo mes de marzo ya que los críticos han argumentado que supone una «carga excesiva» sobre el acceso al aborto.
Gran parte del informe documenta los notorios abusos de los médicos que practican abortos en el estado de Louisiana, citando el preocupantemente elevado número de acciones disciplinarias contra los centros abortistas, así como las múltiples infracciones sanitarias y de seguridad en las clínicas que realizan abortos en Louisiana. En defensa de la ley de Louisiana, los proponentes del Amicus brief muestran «que los intereses de los centros abortistas van en contra de los intereses de los pacientes» y que la ley debería ser ratificada. Pero es difícil ratificarla porque hacerlo así la somete a impugnaciones sin fin siguiendo el criterio de «carga excesiva» que se ha sumado a la inoperancia de la ley del aborto en los Estados Unidos.
El informe sostiene que el «ya inviable estándar establecido en Roe y Casey» ha sido agravado por el «Whole Woman´s Health v. Hellerstedt» (2016) que determinó, por 5 votos a 3, que en Texas no se podrían aplicar las mismas restricciones a los centros abortistas debido a la «carga excesiva» que tal estándar supondría para las mujeres que quieren abortar. Aún así este criterio de carga que viene del caso Casey, y que fue agravado por Hellerstedt, es «vago y poco claro», dejando a los ciudadanos americanos desprotegidos ante la ley.
El Amicus brief destaca cómo la Corte Suprema debería pensar en la discusión sobre la ley de Louisiana que tendrá lugar en marzo como una oportunidad para replantearse los precedentes judiciales históricos que se han convertido en inviables en los juzgados, que causan «esfuerzos hercúleos» en docenas de casos similares.
La doctrina de «stare decisis»(la fijación de sentencias previas como un precedente judicial)se invoca a menudo en defensa de Roe y Casey. Se prefiere ver los precedentes judiciales como elementos que vinculan a los juzgados con sus sentencias anteriores. Pero el Amicus brief afirma correctamente que el «stare decisis no es una 'orden inexorable', ni mucho menos un principio constitucional… En cambio, es un juicio prudente y pragmático». De hecho, la corte ha anulado con frecuencia sentencias anteriores cuando se veía que eran legalmente inviables. Y éste es precisamente el punto práctico en el que nos encontramos hoy.
«Cuarenta y seis años después de la decisión sobre el caso Roe, queda un precedente radicalmente inquietante: dos de los siete jueces que originalmente se unieron a la mayoría posteriormente la repudiaron toda o en parte, y virtualmente todas las decisiones sobre el aborto desde entonces han sido reñidas. Además, la jurisprudencia del caso Roe ha sido incoherente desde el principio. Roe no mantuvo que el aborto fuese un derecho constitucional »fundamental«, sólo lo implicaba. Esta ambigüedad se basaba en el »sumario« final de la Corte sobre los planteamientos de Roe, que no mencionaban en ningún lugar el aborto como un derecho fundamental, un estricto análisis del escrutinio, o la necesidad de regulaciones estrictamente diseñadas. En cambio, la Corte sólo requirió que las regulaciones estuviesen »razonablemente vinculadas« al interés del Estado… Después de dos décadas de inconsistencia, la Corte rechazó el estatus de »derecho fundamental« para el aborto y la estricta revisión del escrutinio, adoptando en su lugar el criterio de »carga indebida« de Casey… Pero Casey no estableció claramente el significado de »carga indebida«. Como resultado, la consistencia y la predictibilidad continúan siendo menoscabadas mientras las cortes federales luchan por aplicar el criterio de Roe / Casey».
Es significativo que el informe Amicus brief fuese firmado por 207 miembros electos del Congreso incluyendo a dos valientes demócratas. Pero más que nada, el informe indica que los congresistas republicanos piensan que el equilibrio de la Corte Suprema ha cambiado, y que el caso de Louisiana representa una gran oportunidad. Es el primer caso de aborto que se discutirá en la Corte Suprema estando los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh en el cargo.
La pregunta obvia es si la doctrina de stare decisis se mantiene, en cuyo caso la Corte decidirá el caso más estrictamente - quizás de forma similar al caso Hellerstedt, o si el Supremo considerará la anulación de Roe.
El Amicus brief concluye «Roe ha sido sustancialmente debilitado por la autoridad posterior, un factor principal que la Corte considera mientras decide si anular el precedente. Casey claramente no resuelve el asunto del aborto, y es hora de que la Corte lo retome de nuevo».
La reacción entre los activistas pro aborto ha sido predecible. El presidente de Planned Parenthood arremetió con fuerza contra el bien razonado Amicus brief considerándolo un «ardid», «un ataque» a un «derecho básico». Pero la verdad es que un amicus brief no es un ardid, un aborto no es un derecho humano básico en absoluto. Niega el derecho a existir a seres humanos vivos.
La derogación de Roe o Casey no prohibirá el aborto. El Congreso tendría que legislar que los niños no nacidos son personas según la 14ª Enmienda que estipula que ningún estado «privará a ninguna persona de su vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal». La Constitución concede ese poder no a la Corte Suprema, sino al Congreso. Es hora de que la Corte lo vea de esa forma también.
Traducido por Ana María Rodríguez y Manuel Pérez Peña
