(InfoCatólica) Si hace unos días eran los obispos en sus diócesis quienes alertaban sobre la ley del aborto en Costa Rica, como el obispo de Ciudad Quesada, Mons. José Manuel Garita Herrera ahora es la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECR) la que expresó su indignación, con un comunicado el 17 de diciembre, por la decisión del presidente Carlos Alvarado de firmar la Norma Técnica del Aborto Impune, la cual carece de parámetros definidos que delimiten el acceso a esta práctica y por tanto se convierte en una puerta abierta al aborto libre.
Luego de varios meses de polémica, la Norma Técnica del Aborto Impune fue firmada en la noche del jueves 12 de diciembre por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado; y por el ministro de Salud, Daniel Salas. A partir de ese momento, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los hospitales privados tiene un plazo de seis meses para implementar el protocolo médico elaborado por el Ministerio de Salud del país.
Los obispos lamentaron profundamente la decisión de Alvarado, pues no tomó «en cuenta la opinión de expertos en derecho y medicina» ni al pueblo costarricense, «contraviniendo todo principio de gobierno participativo».
En el comunicado, el Episcopado señaló que la firma de la norma ignora el deber del Estado de «garantizar el derecho a la vida de todo ser humano desde la concepción», como reconoce la Carta Magna y el ordenamiento jurídico de Costa Rica.
La norma responde al artículo 121 del Código Penal de 1970, que se promulgó -recordaron- para «preservar la vida de la madre en caso urgentisimo o especialísimo donde se encuentre en un peligro inminente» de salud.
Sin embargo, advirtieron que la norma técnica no define el término «salud» y deja la posibilidad de que se interprete según la sugerencia de la OMS, «que la define como ‘un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades’».
«Esta definición abriría el camino para la aplicación de la norma en casos de origen psicológico y emocional, aun cuando la madre no corra el riesgo de morir, dejando así un portillo a la práctica del aborto libre», alertó el Episcopado.
Además, indicó la CECR, la norma se refiere al bebé como «un producto», «sin definir qué es aborto ni la edad gestacional para practicar el procedimiento».
En el caso de las emergencias obstétricas con causalidad, la madre puede señalar que a su parecer su vida se encuentra en peligro grave y es necesario realizar un aborto, priorizando el criterio subjetivo de la mujer al del médico tratante.
Además, en casos de emergencia, se pone en riesgo la posibilidad de los médicos de acceder a la objeción de conciencia. «Es inadmisible que médicos o enfermeros se vean en la obligación de prestar cooperación inmediata a los abortos y tengan que elegir entre la ley cristiana y su situación profesional», expresaron los prelados.
Los obispos añaden que esta norma abre las puertas a la posibilidad del aborto eugenésico, «permitiendo el aborto de aquellos seres humanos ‘inviables’» por algún tipo de alteración genética que puedan causarle «problemas» fuera del vientre de la madre.
La Conferencia Episcopal de Costa Rica expresó su apoyo a los médicos y trabajadores de la salud que luchan por salvar las dos vidas, la de la madre y la del bebé, y consideró «urgente y necesario que se someta la Norma Técnica a la aprobación legislativa, dándole el trámite de una Ley de la República, por tratarse de la regulación de la vida humana que constituye el derecho básico de todas las libertades públicas».
Los católicos, como pueblo de Dios, no pueden apoyar «leyes inmorales en sí mismas», como del aborto o la eutanasia, pues «conforma la figura de cooperación formal, y por tanto, excluye de la participación de los bienes espirituales que otorga la iglesia», especialmente de la Eucaristía, indicó la CECR.
Finalmente, los obispos alentaron al pueblo de Costa Rica a luchar por la vida y alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos, y así «preservar la Cultura de la Vida, que siempre nos ha distinguido como un país pacífico y solidario».
