(Joaquim Ibarz/La Vanguardia) Un grupo de sicarios asesinó a los tres religiosos cuando viajaban en una camioneta por la región de Tierra Caliente, en Guerrero. Los agresores les hicieron bajar y después los acribillaron por la espalda. El arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre admitió que el triple crimen puede ser una represalia de los capos. El prelado dijo que los sacerdotes se convierten en rehenes en esta confrontación violenta que los carteles imponen con la ley de la selva, la ley del revólver del sangriento ajuste de cuentas".
La intimidación contra los clérigos aumentó después de que el obispo de Durango, Héctor González, reveló, "pensando en la seguridad de los sacerdotes", donde vivía Joaquín El Chapo Guzmán. González dijo: “Más adelante de Guanacevi (Durango), por ahí vive El Chapo, todos lo sabemos, menos la autoridad".
Guzmán, líder del poderoso cártel de Sinaloa y fugado de una cárcel de máxima seguridad en 2001, es el narco más poderoso y más buscado de México. La revista Forbes lo considera como gran multimillonario (estimó su fortuna en unos 800 millones de euros).
Cuando monseñor Héctor González regresaba de noche de una visita pastoral fue interceptado por unos pistoleros que le obligaron a bajar de su vehículo.
“Nos pararon, nos gritaron que nos bajáramos, nos apuntaban con armas largas. Al decirles que éramos el párroco y el arzobispo se calmaron, se disculparon y nos dejaron seguir", dijo el prelado. En sus visitas a las parroquias, ha tenido varios contactos con mafiosos.
"Estando en el pueblo Cinco de Julio, a la hora de la comida se presentaron cuatro elementos de un comando armado que, con la mayor tranquilidad, se acercaron a compartir los alimentos. Luego asistieron a la bendición de un puente", detalla el arzobispo.
Tras el anuncio del arzobispo González sobre el paradero de El Chapo, los asesinatos aumentaron en Durango. Dos militares aparecieron sin vida con este mensaje: "Con El Chapo nunca van a poder gobiernos ni curas".
La Iglesia pidió al Gobierno protección para los clérigos. "En varias estados los sacerdotes han sido intimidados y amenazados", reclamó la arquidiócesis de México.
Más lejos fue en su denuncia el obispo de Torreón, Raúl Vera. El prelado dijo que el narcotráfico se ríe de la lucha contra el narcotráfico del Gobierno porque los capos continúan teniendo apoyo político y económico. Monseñor Vera consideró necesario una verdadera limpieza en las cadenas de corrupción.
"Aquí se tiene que empezar a investigar y meter a la cárcel a gobernadores y alcaldes, porque muchos están coludidos con el crimen. Las ejecuciones muestran que el Estado no garantiza la vida", acusó.
El 24 de mayo de 1993 fue asesinado a plena luz del día el arzobispo de Guadalajara, cardenal Juan J. Posadas Ocampo. En el crimen parecen implicados narcotraficantes y altos líderes políticos, que han gozado de 16 años de impunidad.
