(RELIGIÓN Confidencial) El Ministerio de Justicia -en funciones- ha dado un giro a la Comisión de Libertad Religiosa, apenas un mes antes de que se celebren las elecciones generales y, por lo tanto, con la incertidumbre de que está Comisión se vea de nuevo modificada con el nombramiento de nuevos miembros con el próximo Gobierno.
Así, a propuesta de la Ministra de Justicia, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 22 de febrero de 2019 ha acordado el nombramiento como miembros de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa en concepto de «personas de reconocida competencia» a las siguientes personas:
Adoración Castro Jover, Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad del País Vasco; Ana Isabel Planet Contreras, Profesora Titular de Sociología del Islam de la Universidad Autónoma de Madrid; Concepción Escobar Hernández, Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia; Francisco Díez de Velasco Abellán, Catedrático de Historia de las Religiones de la Universidad de la Laguna; Luis Mariano Cubillas Recio, Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Valladolid y Rafael Alcacer Guirao, Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos.
Según fuentes próximas a esta Comisión consultadas por Religión Confidencial, estos nombramientos forman parte de la estrategia de la izquierda radical y del ámbito más cercano a PSOE-Unidos Podemos.
Cambian los representantes de la Iglesia Católica
Asimismo, el Ministerio de Justicia ha nombrado como vocales (estos propuestos por las distintas confesiones) a los representantes de las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas o Federaciones de las mismas a las siguientes personas:
Por la Iglesia Católica al sacerdote Carlos López Segovia, vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española (que sustituye a Silverio Nieto, director de Servicios Jurídicos de la CEE), Jesús Miguel López Nieto, (profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Francisco de Vitoria), Ricardo García García, catedrático de Derecho Eclesiástico (que formaba parte como vocal de reconocida competencia en materia de libertad religiosa en la anterior composición de la Comisión) y por último al sacerdote Juan Damián Gandía Barber, decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica de Valencia.
Sale también la presidenta de la Asociación de Canonistas en España, Lourdes Ruano que formaba parte de la anterior composición de esta Comisión.
Otras confesiones
Por la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España continúa Mariano Blázquez Burgo y Silvia Grau Beltrán; por la Federación de Comunidades Judías de España también sigue Isaac Querub Caro, así como el representante de la Comisión Islámica de España: Riay Tatary Bakry y Gabriel Jairodín Riaza Escudero. Por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días nombran a un cargo nuevo, Cristina Villar Rey, y por la Federación de Comunidades Budistas de España continúa Luis Morente Leal.
En esta Comisión aparece también un nuevo nombramiento en la a Iglesia Ortodoxa en España representada por Andrey Kordochkin Shirokshin.
Vocales de la Administración del Estado
Justicia también ha nombrado como vocales a representantes de la Administración General del Estado que podrían cambiar con el próximo Gobierno:
Marcos Gómez Martínez, director General de Naciones Unidas y Derechos Humanos, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Marta de Andrés Novo, Secretaria General Técnica, Ministerio de Hacienda; Ana María Prejigueiro Rodríguez, Gabinete del Ministro, Ministerio del Interior; María de la Consolación Vélaz de Medrano Ureta, directora general de Evaluación y Cooperación Territorial, Ministerio de Educación y Formación Profesional; José Alarcón Hernández, director General de Migraciones, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; Gema Castillo Ramos, Gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y Jesús Ángel Celada Pérez, director General de Políticas de Discapacidad, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
