El fiscal general de Virginia Occidental demanda a diócesis y obispo emérito por emplear a pedófilos

Para tener un mínimo de credibilidad debería demandar a la propia fiscalía. Por emplear a la fiscal de Pensilvania, condenada por perjurio y organización criminal.

Estas son los ataques anunciados hace meses con alegría indisimulada por Vidal, que tanto publicita a los jesuitas de Deusto, para dejar a la Iglesia sin un dolar, ni para pan y vino.

«...y ha enviado un informe al Vaticano para que la Santa Sede emita un veredicto.»



Si es culpable y tiene la 'gracia' de ser amigo de un célebre personaje que habita en el Vaticano, lo más probable es que Mons. Bransfield renuncie a todo en su diócesis alegando delicados (aunque desconocidos) problemas de salud, se dé una vuelta por España y termine en un puesto creado ex nihilo para él en el Vaticano. Tiene el perfil perfecto. Claro: si cuenta con esa amistad de la que gozaba Zanchetta...
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LF:
En este caso ya no tiene que renunciar. Es emérito.

La demanda del fiscal Morrisey, político, se basa exclusivamente en cuatro casos. Tres con nombre y uno anónimo. Tres sacerdotes, uno anónimo, y un laico. Dice el fiscal Morrisey que la diócesis publicó en noviembre de 2018 una lista de 18 sacerdotes, desde 1950, hace 70 años, que han sido acusados “creíblemente”.

El fiscal en su escrito comete la misma falta de la que acusa a la diócesis. Acusa a esta de no informar a los “consumidores”, los padres, que estaban empleando a acusados de abusos. El fiscal empieza su escrito derivándolo del famoso informe de la vecina Pensilvania, buscando si alguno de este informe pudo estar en Virginia. Pero este fiscal no informa a sus “consumidores”, los ciudadanos, que ese informe de Pensilvania fue incoado y desarrollado por una fiscal, Kathleen Kane, condenada por perjurio y organización criminal entre otros crímenes, por lo que tuvo que dimitir. Debería demandarse a sí mismo.

Dice el fiscal político Morrisey que la diócesis es el octavo sistema escolar más grande de Virginia. No dice nada de que haya investigado por lo mismo a los siete más grandes sistemas escolares. Lo que revela su mala fe, la confesa desprotección que causa a la mayoría de los niños de su estado, y su afán de perseguir a la Iglesia católica.

El tercer caso es el sacerdote Victor Frobas, fallecido en 1993, empleado por la diócesis de 1965 a 1983. Dice que acusado “creíblemente” por abusar de un niño en 1962. La diócesis dice que la queja se presentó en 1964 en Pensilvania. Trabajó en escultismo de 1969 a 1976, en que se le envió a casa de tratamiento. Ese mismo año volvió a tareas en colegios. Acusaciones de abuso en 1978, en que le dan permiso de ausencia. Regresa a trabajar en la diócesis de 1980 a 1983, año en que le dan nuevo permiso de ausencia y no vuelve a la diócesis, suspendiéndole en 1987. Fuera de la diócesis, acogido en una comunidad franciscana en San Luís, fue procesado por contacto inapropiado en 1985, declarándose culpable y condenándole a cinco años, de los que cumplió dos, sin que el fiscal acuse a las autoridades políticas y civiles por esta gran benevolencia con el abusador.

El cuarto y último caso es el de un anónimo, laico que se hizo sacerdote muchos años después. Como laico contratado como director de una escuela. “Preparó” a un adolescente en esa época. No dice de cuando es la denuncia, que la diócesis ha considerado “creíble”. La diócesis fue informada de otras actividades inapropiadas en 2004-2005. La diócesis lo envía al instituto San Lucas de psiquiatría en 2005, pero deja el programa en menos de dos meses. En agosto de 2005 la diócesis le suspende el ministerio.

Por esto, el fiscal solicita al juez “Order PERMANENTLY ENJOINING and RESTRAINING the Diocese” y una Orden que imponga todo alivio equitativo disponible a la Corte incluyendo, pero no se limite a medidas cautelares, restitución y desagregación; y Introduzca juicio contra el obispo Bransfield y la Diócesis y ordene cada uno de que paguen multas civiles por todas y cada una de las violaciones voluntarias y repetidas.

Se puede ver la demanda del fiscal, 14 páginas, en: “ago.wv.gov/Documents/Diocese%20complaint.PDF”

Haya o no mala fe de parte de los demandantes, lo bueno de todo esto es que, con estas medidas, los obispos pondrán más cuidado en la admisión y formación de los candidatos al sacerdocio. Si el temor de Dios no fue lo suficientemente disuasivo, el que les toquen los bolsillos tendrá sí o sí que funcionar.

Estoy con Marcelo. Se mire por donde se mire, lo de tapar abusos sexuales y otros delitos en el seno de la Iglesia es un fraude al ministerio sacerdotal y a la orden religiosa. Alegar el perdón y la rehabilitación de las personas, el miedo a indemnizaciones astronómicas y la ruina, el escándalo público... es tomarnos a los fieles católicos poco menos que por imbéciles. A otro perro con este hueso.

Con todo lo que veo en la media/prensa norteamericana, podría ser que este fiscal esté buscando ascenso o un salto a la política porque creo que ya se ha vuelto una costumbre o moda para alguna gente que le gusta lo ?fácil? a costa de lo que sea, el escoger a la Iglesia para hacerse de dinero, posición,y/o otras ?ventajas? de manera rápida.

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LF:
Ya fue candidato al Senado.