(EP) Merced a la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática y su decreto sobre símbolos y actos contrarios a la misma, cuyo periodo de alegaciones y audiencia pública acaba de finalizar, la Junta de Andalucía ha anunciado este lunes la creación de un «comité técnico» que emitirá un dictamen «preceptivo y vinculante» acerca de la tumba del general Gonzalo Queipo de Llano que acoge la basílica de la Macarena, según un comunicado de la administración andaluza.
La Junta ha precisado que el mencionado decreto sobre símbolos y actos contrarios a la memoria histórica y democrática desarrolla la Ley autonómica aprobada en 2017 respecto a dicho aspecto, tratándose de un instrumento destinado a abordar «los procesos de retirada de símbolos contrarios a la memoria histórica y democrática».
Dicho decreto determina, así, «la creación de un comité técnico para la determinación de los elementos contrarios a la memoria histórica que no hayan sido retirados o eliminados voluntariamente, que viene establecido en el apartado sexto del articulo 32 de la ley andaluza», toda vez que dicho órgano «se encargará de estudiar, junto a otros elementos o vestigios que no hayan sido retirados voluntariamente por parte de sus titulares, la correspondiente documentación relativa a los restos de Queipo de Llano», depositados en una tumba en la basílica de la Macarena de Sevilla.
Dicho comité deberá emitir, «en el plazo de un mes, un informe preceptivo y vinculante determinando en su caso su retirada o eliminación si correspondiera», toda vez que a finales de este mes se cumplen dos años del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Sevilla que reclama que la basílica de la Macarena deje de acoger la tumba del general Gonzalo Queipo de Llano.
En concreto, fue a finales de julio de 2016 cuando el pleno del Ayuntamiento hispalense aprobaba una moción promovida por IU,condenando el «golpe de estado militar del 18 de julio de 1936», repudiando al general Queipo de Llano a cuenta de los fusilamientos perpetrados bajo su mando y rechazando que sus restos sigan enterrados en la basílica de la Macarena, al constituir «una clara ofensa para los familiares de las víctimas del franquismo y para los demócratas».
Después de dicho acuerdo, recordémoslo, el Gobierno local socialista anunciaba el envío de cartas a la hermandad de la Macarena y el Arzobispado, informando a tales entidades del contenido de las leyes estatal y autonómica de memoria histórica y las obligaciones que de ellas derivan para las entidades privadas. El alcalde, Juan Espadas, matizaba eso sí que los «contactos» institucionales con el Arzobispado y la hermandad de la Macarena estaban destinados a la materialización del mencionado acuerdo plenario por la vía del diálogo y el consenso.
El pronunciamiento de la hermandad
A partir de ahí, el hermano mayor de la hermandad de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, negaba cualquier «problema» respecto al citado requerimiento del pleno, abogando por «ir tratando poco a poco» el asunto, pues la tumba del militar «lleva unas décadas» en la basílica de la Macarena y aún no se sabe si dicha situación se prolongará durante «décadas o días».
En ese sentido, la Junta expone que «la presencia de los restos de Queipo de Llano (en la basílica) ha generado un debate social que trasciende ya del ámbito local». En ese contexto, «resulta clara la pertinencia de que una institución con cuatro siglos de historia y arraigo en la ciudad, como es la hermandad de la Macarena, titular de la basílica, decida sobre la compatibilidad de la permanencia en un espacio de culto, de respeto y oración, de un dirigente del golpe militar y de la dictadura franquista, que firmó el Bando de Guerra por medio del cual se asesinaron a miles de andaluces y andaluzas sin juicio ni condena, lo que atenta contra la dignidad de las víctimas y la reparación que reclaman, tanto las propias víctimas como el movimiento memorialista».
Por tanto, el Gobierno andaluz considera que la memoria «debe ser un espacio de encuentro, de respeto a todas las víctimas y de reparación para todos los que sufrieron una violencia injustificada, fueran quienes fueran y profesaran la ideología que profesaran». Por ello, «honrar la memoria de las víctimas es dignificar nuestra democracia y, por ese camino, en el marco de nuestro ordenamiento jurídico y competencias, va a seguir trabajando».
