(InfoCatólica) El término demanda social permite a los colegios financiados con fondos públicos sacar más plazas si así lo demandan las familias. La propuesta de la también portavoz del Ejecutivo es eliminar dicho término de la ley.
Celaá ha indicado que la red pública tendrá preminencia en la programación de oferta de plazas escolares, mientras que la concertada será complementaria de las necesidades de escolarización. En los centros concertados estudia el 25% del alumnado español.
La ministra no esperará a que se produzca un Pacto Educativo estatal, y ha asegurado que la reforma se llevará a cabo de «forma urgente».
La ministra también ha indicado que que abrirá un diálogo con los colegios que imparten educación diferenciada –alumnos separados por sexo–, ya que, a su juicio, «contraviene los principios generales de la educación inclusiva y la coeducación». Ignora así las sentencias dictadas en España a favor de ese tipo de educación.
Igualmente, ha confirmado que la asignatura de religión no será computable y no tendrá alternativa, ya que la nueva asignatura de valores cívicos será obligatoria para todos los alumnos.
Libertad religiosa y libertad de educación
Con estas afirmaciones el actual gobierno contravendría absolutamente el derecho de los padres a elegir el centro educativo para sus hijos y la libertad religiosa tal como la interpretó el Tribunal Constitucional, apoyándose en doctrina y jurisprudencia reiterada anterior, en su sentencia de abril de este mismo año 2018. Aunque el ataque no es nuevo, sino que viene precedido por intentos reiterados, tanto en España como en diversas comunidades autónomas.