(Reuters/Infocatolica) El Consejo de Ministros ha dado esta mañana al anteproyecto de reforma de la ley del aborto por el que se pemitirá interrumpir libremente el embarazo en las primeras 14 semanas y se suprime el permiso paterno para que una joven mayor de 16 años pueda abortar, quizá el punto más controvertido de la polémica legislación.
"Es un texto que busca salvaguardar la dignidad de la mujer, ese es su espíritu de principio a fin", dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial que ha celebrado el jueves por ser fiesta el viernes en Madrid.
"Emocionalmente y personalmente es un dilema muy difícil, una encrucijada muy difícil de afrontar, por eso hay que plantearlo en términos de seguridad", añadió la vicepresidenta, y éste es "un anteproyecto que protege y garantiza en todo el estado los derechos de las mujeres que decidan abortar, y ofrece seguridad jurídica a los profesionales de la sanidad que los practiquen".
La ley de plazos establece que el aborto sea libre hasta las 14 semanas, y lo permite hasta las 22 semanas si hay grave riesgo para la 'vida o salud' de la madre o graves anomalías en el feto y sin límite en caso de anomalías del feto incompatibles con la vida o enfermedad muy grave e incurable siempre y cuando varios especialistas lo consideren pertinente.
Otra gran novedad y el punto más polémico que incorpora el nuevo texto es permitir a las mayores de 16 años decidir por sí mismas, sin necesidad de autorización de los padres, interrumpir voluntariamente el embarazo. El Ejecutivo remitirá ahora el texto a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial.
Los detractores de la ley creen que la nueva norma lo único que va a hacer es aumentar el número de abortos, que en España fue de 112.000 en 2007. El aborto pasa a ser un derecho, jurídicamente exigible, para dejar de ser una concesión del Estado tutelada, lo que supone un cambio drástico de concepción, contra el que prometen luchar las asociaciones provida.
"Para nosotros, lo peor es que se hable del aborto como un derecho y que sea libre", dijo Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, a Reuters. "No descartamos ninguna medida, pero primero queremos leer el texto con detalle. Vamos a intentar hacer todo lo que podamos para impedir que esa ley entre en vigor. Y desde luego vemos cuestiones de inconstitucionalidad", manifestó.
"El mensaje es que no pasa, no pasa nada si se tienen relaciones sexuales, porque vas a abortar. No existe riesgo porque al final existe la fácil solución del aborto", dijo la doctora Gádor Joya, portavoz de la Plataforma Derecho a Vivir, en RNE. 'No va a solucionar el problema del aborto en España, que viene aumentando ininterrumpidamente desde hace años, esté el gobierno que esté', dijo.
El aborto se despenalizó en España en 1985 en tres supuestos: si el embarazo era por una violación, en caso de graves taras del feto o si hay peligro para la vida de la madre o su salud física o psíquica.
