(Actuall) El caso comenzó en el año 2012, cuando se supo que la universidad cristiana iba a abrir un centro y varias asociaciones de Nueva Escocia, British Columbia y Ontario la denunciaron por el hecho de la universidad pedía a sus alumnos y profesores firmar un compromiso «de abstenerse de cualquier actividad sexual que violara la santidad de matrimonio entre un hombre y una mujer».
La Corte Suprema, por siete votos a dos, ha entendido que este compromiso discrimina a las personas LGTBI que no pudieran tener otra opción mas que ir a esa universidad de Derecho y a las que se les pide que «rechacen lo que son durante tres años para recibir una educación legal», ha afirmado la sentencia.
Algunos de las observadores de la sentencia han criticado que con esta decisión habrá muchas implicaciones para las instituciones educativas de valores cristianos y su participación en la sociedad. «Las universidades religiosas y las escuelas deberían ser libres para actuar de acuerdo a la fe que enseñan y a la que se adhieren», ha afirmado Paul Coleman, director ejecutivo de ADF Internacional.
«La libertad religiosa protege los derechos religiosos de los fieles a mantener y expresar sus creencias de manera individual y comunitaria. Cuando una práctica religiosa afecta a otros hay que tenerlo en cuenta a la hora de equilibrar la balanza. En este caso el efecto del «compromiso comunitario» es para restringir la conducta de otros», ha afirmado la presidente del Tribunal Beverley McLachlin.
«Que las creencias religiosas de otros obliguen a alguien a comportarse de manera diferente a la propia identidad sexual es degradante e irrespetuoso», ha sentenciado McLachlin.
Sin embargo, para los jueces que votaron en contra, «la aprobación de la escuela de Derecho de la Trinity Western University no representaría una preferencia del estado por la iglesia evangélica, sino el reconocimiento del deber del estado de acomodar las creencias religiosas sin escrutar su contenido».