(Actuall) La concentración principal tendrá lugar a las tres de la tarde en la Iglesia del Carmen, en Vía España y concluirá en la céntrica Plaza 5 de mayo. Además, en el interior del país, en las cabeceras de las distintas provincias, tendrán lugar manifestaciones simultáneas en parques y en las cercanías de los tribunales de justicia.
La Alianza Panameña, plataforma ciudadana que tiene quince años de existencia y es conformada por diversas organizaciones sociales, considera que la célula básica de la sociedad esta bajo un intenso ataque en el país.
«Nunca en nuestra historia hemos tenido una amenaza tan grande para la familia natural como en este momento», afirmó su presidente, el médico Juan Francisco de la Guardia Brin, en rueda de prensa este 27 de febrero.
«La Corte Suprema de Justicia tiene entre sus manos una decisión que podría cambiar la definición de la institución más importante de toda sociedad y al hacerlo trastocaría nuestros principios de libertad, convivencia y enseñanza», explicó.
Y exigió que los gobernantes escuchen al pueblo y no se supediten a la agenda ideológica que dictan diversos organismos internacionales.
Una demanda bajo pedido del lobby internacional
La preocupación de los miembros de la plataforma no es exagerada. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el 24 de marzo del año pasado una advertencia de inconstitucionalidad presentada por la firma de abogados Morgan & Morgan contra dos artículos del Código de la Familia.
En este momento se esta concluyendo un proyecto de fallo en el máximo tribunal del país, que deberá ser analizado y discutido por los magistrados en breve. Morgan & Morgan ataca los artículo 26 y 34 del Código. El primero reconoce que «el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer, con capacidad legal, que se unen para hacer y compartir una vida en común». El segundo determina que «no pueden contraer matrimonio entre sí las personas del mismo sexo».
La firma quiere cambiar en el artículo 26 la frase «entre un hombre y una mujer» por «entre dos personas» y eliminar la prohibición expresa del artículo 34.
Como estrategia para que se ignoren los artículos 56, 57 y 58 de la Constitución panameña, que brindan una protección especial al matrimonio – unión de personas de distinto sexo – y a la familia, aducen que la redacción actual de Código en cuestión viola el artículo 4 de la Carta Magna, por el cual el país acata las normas de derecho internacional.
Y apuntan que Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras de las que Panamá es signataria garantizan que todas las personas sean iguales ante la ley, sin discriminación. Negarles el matrimonio, según la forzada interpretación de los abogados, representaría un acto discriminatorio.
El bufete representa en este pleito a Enrique Raúl Jelenszky, un panameño que esta unido al inglés John Winstanley por lo que las autoridades de Reino Unido consideran ‘matrimonio igualitario’. La ‘boda’ fue realizada en la embajada de ese país y ahora pretende que sea reconocido en Panamá.
Diferente de lo que parece, la idea de entrar con un proceso en la Corte no partió de Jelenszky. Fue de Morgan & Morgan que ya tenía en su agenda buscar un ‘rostro’ para impulsar la legalización del ‘matrimonio’ homosexual en el país.
Según cuenta Jelenszky, la relación con el bufete surgió por ‘casualidad’, un amigo le comentó que el bufete panameño estaba buscando un caso, a raíz de una iniciativa del Cyrus Vance Center for International Justice. Esta organización, con sede en New York, realiza, entre otras cosas, lobby LGTBI en Latinoamérica.
La mayoría, en contra de equiparar matrimonio y unión homosexual
A pesar del empeño de Morgan & Morgan y del Cyrus Vance Center for International Justicepor tornar el denominado ‘matrimonio igualitario’ una realidad en el país, la inmensa mayoría de la población lo rechaza.
De acuerdo con una encuesta realizada en abril de 2017 por la empresa Dichter & Neira para TVN Noticias y El Financiero , un 78 por ciento de los entrevistados es contrario a las uniones del mismo sexo. Sólo 16 por ciento dijo estar a favor y 6 por ciento prefirió no responder. El estudio completo puede ser visto aquí.
Desde hace algunos años, la población se ha movilizado intensamente para manifestar su posición frente a las diversas banderas de la agenda de género. Dos grandes marchas, en 2016 y 2017, convocada por las diversas organizaciones que integran la Alianza, congregaron a miles de personas.
Un gobierno sordo
A pesar de ello, el gobierno del presidente Juan Carlos Valera se ha obstinado en respaldar las reivindicaciones lgbt y de género a través del sistema educativo nacional y de reformas administrativas y legales.
En este empeño, la vicepresidente y canciller, Isabel de Saint Malo, ha sido su principal operadora; Desde su llegada al gobierno, la funcionaria manifestó abiertamente su apoyo a las uniones homosexuales: «Todos debemos tener opción de unir nuestra vida a un ser querido; la orientación sexual no se escoge, se nace con ella».
Es una mujer que conoce los engranajes del sistema global y sus mecanismos de articulación con los gobiernos locales y que, según la Alianza, debido a su activismo «la Cancillería parece más una sucursal de los organismos internacionales que una institución del Estado panameño».
Recientemente, también el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, envió a la Corte un parecer favorable a la demanda de Morgan & Morgan.
En la opinión del funcionario el artículo 26 del Código de la Familia, aunque reconoce que no es inconstitucional, dice que si restringe ‘derechos’ de ciudadanos y recomienda analizar el tema bajo los términos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El activismo judicial de la Corte IDH
El 9 de enero del presente año la Corte Interamericana de Derechos Humanos divulgó una opinión consultiva en la que insta al gobierno de Costa Rica y a los países vinculados al Pacto de San José, sobre derechos humanos, a garantizar el ‘matrimonio’ entre personas del mismo sexo y el cambio de nombre de acuerdo con la ‘identidad de género’ declarada. Los obispos de Costa Rica se manifestaron en contra de tal medida.
Los magistrados aseguran que las «categorías de género y orientación sexual» son categorías protegidas por el Pacto, cuyo artículo primero rechaza la discriminación.
Aunque estas palabras no están presentes en el texto del Pacto ellos dicen que es posible una interpretación ‘amplia’ porque «los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos[…] que tienen que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales».
Aunque técnicamente la opinión consultiva sólo tiene valor vinculante para el país que realizó la indagación, pues no es un fallo o sentencia, esta siendo usada – como en el caso de Panamá – para respaldar la ‘normalización’ o ‘legalización’ de diversas pautas de la agenda de género por vía judicial, sin pasar, como es debido, por el Legislativo de cada país.
El posicionamiento de la Corte Interamericana generó el repudio de cientos de organizaciones ciudadanas en todo el continente. El pasado 30 de enero entregaron en las cancillerías de diversos países de la región una solicitud formal para que sus gobiernos rechazaran la maniobra del Tribunal por considerar que vulnera el Estado de derecho y la soberanía nacional.
Aunque se trata de una iniciativa ciudadana y no religiosa, cuenta con el respaldo de la Conferencia Episcopal Panameña, el Comité Ecuménico de Panamá y la Alianza Evangélica de Panamá.
El pueblo llega indignado
En el comunicado con el que la Alianza Panameña convoca a la movilización del 6 de marzo se subraya que «el pueblo llega indignado» a la marcha por la sistemática actitud de desdén por parte del Estado para con los ciudadanos.
«¿No entienden que no queremos la ideología de género? No nos cansaremos de exigirlo. ¿No entienden que las leyes y las constituciones son basadas en la ética y la moral de los pueblos? Este gobierno parece sordo a ese querer las gran mayoría. ¿Hasta cuándo?» Y advierten: «Magistrados, con nuestras familias no se metan».
El presidente de la Alianza, Guardia Brin, espera una amplia participación que supere en afluencia a las marchas de los años anteriores. Aunque se trata de una iniciativa ciudadana y no religiosa, cuenta con el respaldo de la Conferencia Episcopal Panameña, el Comité Ecuménico de Panamá y la Alianza Evangélica de Panamá.
Estas tres entidades manifestaron el pasado 30 de enero, a través de un comunicado conjunto, su preocupación por indebida injerencia de la Corte Interamericana y la complicidad del gobierno local.
En el texto llamaron a los fieles a «estar vigilantes de las actuaciones de nuestras autoridades» en materia de vida, familia y libertad educativa para que sus decisiones respeten al pueblo. Este posicionamiento tan claro de obispos y pastores podría incrementar aún más la ya multitudinaria participación de los cristianos en el evento.
La Archidiócesis de Panamá, por ejemplo, envió una carta a los párrocos, comunidades religiosas y agrupaciones laicales convocándoles a participar de la marcha; y pide a los sacerdotes «que a través de los grupos de pastoral familiar, animen la participación de los fieles en sus respectivas parroquias».
Una petición online de la Alianza dirigida a la Corte para pedir que respete la integridad de la institución del matrimonio, conforme dicta el orden jurídico actual, puede ser vista y apoyada aquí.
