(Crux/InfoCatólica) «La Iglesia Católica en Australia está formada por millones de ciudadanos australianos que practican su fe, y no están en deuda con un poder extranjero», dijo el obispo de Toowomba, Mons. Robert Mc Guckin.
El prelado intervino ante el Comité de Inteligencia y Seguridad del parlamento australiano, en una sesión que abordaba el proyecto de ley, que requiere que quienes actúan en nombre de las potencias extranjeras se registren ante el gobierno, bajo amenaza de enfrentarse cargos criminales de no hacerlo.
«La exención para la religión propuesta en la cláusula 27 se basa en la creencia incorrecta de que la Iglesia Católica en Australia actúa en nombre de un gobierno extranjero, es decir, el Estado de la Ciudad del Vaticano», indica la Conferencia de Obispos Católicos de Australia en un comunicado.
«Dado que la Iglesia Católica en Australia no actúa en nombre de un gobierno extranjero, la cláusula no conferiría ninguna exención a sus miembros», explican los obispos.
La declaración de la conferencia episcopal advierte que el proyecto de ley fue redactado con «amplitud extraordinaria» y agrega que términos «como director extranjero, lobby, actividades en los medios de comunicación o actividad de los donantes» son muy amplios, generales e incondicionales, lo que significa que hay un gran potencial para ser usados contra personas y contra comportamientos inocentes o involuntarios, lo cual implica que (los términos) son de dudosa utilidad y eficacia».
McGuckin dijo que parece que cada católico involucrado en una profesión relacionada con el derecho (p.e, abogacía) puede ser obligado a registrarse:. «Dado que los católicos constituyen más del 20 por ciento de la población de Australia, creemos que eso implicaría un montón de registros».
Andrew Hastie, miembro del parlamento, dijo a la radio ABC de Australia que «si estás buscando construir Australia y no socavarla como ciudadano australiano, entonces no debes preocuparte».
La legislación fue propuesta después de que una investigación gubernamental sugiriera que China estaba interfiriendo en las instituciones locales y haciendo donaciones políticas para influir en la política del gobierno australiano.
Los obispos católicos del país no son los únicos interesados en el proyecto de ley. Los medios de comunicación y los grupos de derechos humanos advirtieron al comité que la legislación propuesta podría tener un efecto escalofriante para la libertad de expresión.
Paul Murphy, director de Media Entertainment and Arts Alliance, dijo al comité que el proyecto de ley «desalienta a los periodistas y las empresas de medios de comunicación que dan a conocer historias de interés público porque no se sabe en qué momento están cometiendo un delito».
