(Efe) En una rueda de prensa con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado que se celebrará el próximo 14 de enero, el presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, Mons. Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga, ha dado a conocer los 20 puntos propuestos por la Santa Sede a las Nociones Unidas sobre migración y refugiados bajo el lema «Acoger, proteger, promover e integrar».
Estas propuestas se concretan en medidas políticas para alcanzar una seguridad en inmigración y, de aprobarse, supondrían «un paso de gigante para conseguir una migración lo más humana posible», a juicio de la CEE.
Entre las demandas de la Santa Sede, elaboradas con el apoyo de las Conferencias Episcopales, están el que se favorezca la creación de corredores humanitarios para acoger a los más vulnerables, acabar con las expulsiones masivas, garantizar el acceso a la Justicia y que se respete la condición de menores de los inmigrantes por encima de cualquier otra condición.
En relación a España, los obispos han valorado la respuesta de la sociedad española hacia los inmigrantes y ha destacado que, a diferencia de lo ocurrido en algunos países del norte de Europa, aquí no se han registrado brotes de xenofobia, gracias -en opinión de Menéndez- a la experiencia migratoria de los españoles que «hemos aprendido que el forastero es un hermano y no un competidor».
No obstante, ha criticado al Gobierno por no cumplir con el cupo de acogida de refugiados que estaba previsto para España y ha recordado que la Iglesia «siempre se ha ofrecido para colaborar subsidiariamente con las organizaciones a las que el Gobierno ha encomendado esta cuestión.
También ha reclamado una alternativa a los centros de estancia temporales y a los centros de internamiento. «Hay posibilidades que serían mucho mejores que estas, sobre todo cuando se mezclan menores, familias, mayores, y personas que pueden estar en situaciones delictivas».
En concreto, ha criticado la situación de los inmigrantes internados en la cárcel de Archidona (Málaga), y ha destacado que este tipo de centros «no son la mejor solución».
Ha pedido que se extreme el cuidado en las fronteras, especialmente en la frontera sur, para que no se lesionen los derechos fundamentales de los inmigrantes, sobre todo de los menores.
En este sentido, ha reclamado que se acabe con las devoluciones sumarísimas y ha recordado que España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por haber expulsado colectivamente a personas inmigrantes.
En esto ha coincidido la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, quien ha subrayado que el drama de la inmigración no se debe tanto a una crisis humanitaria como al fracaso de las políticas migratorias centradas en el control de flujos.
«Es un escándalo que afecta a la dignidad de las personas», ha destacado Peiro.
