(Actuall) La Corte Europea de Justicia, con sede en Luxemburgo, comenzó a examinar el martes pasado el caso de una pareja homosexual casada legalmente en Bélgica, pero cuyo matrimonio no reconocen las autoridades de Rumanía.
La resolución de este asunto, que se conocerá previsiblemente el año que viene, podría abrir la puerta a un ‘coladero’ para que los países de la UE, en los que es ilegal el matrimonio gay, tengan que aceptarlo como válido.
El tema lo han llevado hacia adelante Adrian Coman, un ciudadano rumano, y su pareja estadounidense Robert Hamilton, casados en Bélgica.
La pareja presentó una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio, según ha informado la web dosmanzanas.
Tras un ya largo proceso judicial, en noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional rumano anunció un nuevo aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el asunto con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La propuesta partió de los demandantes, que consideran que se ha vulnerado la libre circulación de personas en territorio europeo.
De aprobarse, podría tener consecuencias para los únicos seis Estados miembros que actualmente blindan el matrimonio tradicional y se oponen a legalizar las relaciones entre personas del mismo sexo.
Se trata, además de Rumanía, de Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia.
Una sentencia favorable para los demandantes obligaría a estos países a reconocer a las parejas del mismo sexo legalmente casadas o unidas civilmente en otros Estados de la Unión cuando al menos uno de los cónyuges sea ciudadano de un Estado miembro.
Se trata de la primera vez que el Constitucional rumano acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aunque no se sabe que fallará, hay que recordar que del alto tribunal ya han salido sentencias favorables para el colectivo LGTB.
Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum profamilia
De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso para blindar el matrimonio natural.
El Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno en julio del año pasado a la iniciativa popular de referéndum sobre el asunto promovida por la Coalición por la Familia –un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa– que reunió más de 3 millones de firmas.
La propuesta obtuvo así luz verde para su tramitación en el Parlamento. Para que la iniciativa prospere, debe ser aprobada por los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular.
