(Actuall) De acuerdo con los legisladores, en la sesión realizada el pasado 11 de abril, el presidente extrapoló la materia y las atribuciones que le fueron dadas de forma extraordinaria y temporal al final del año pasado.
El Congreso le concedió facultades extraordinarias para legislar por 90 días en materia de reactivación económica, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, servicios de agua y saneamiento, y reorganización de la estatal Petroperú.
El presidente aprovechó la oportunidad para inclur en cuatro decretos legislativos relativos a temas de «seguridad» algunos dispositivos que garantizaba la aplicación de un «enfoque de género».
En el decreto legislativo 1323, que tiene por objeto combatir el «feminicidio» y la violencia familiar, modificó el Código Penal para criminalizar «actos» que puedan ser considerados «intolerantes» o contrarios a la valorización de la orientación sexual o la identidad de género.
Esta «ley mordaza» fue objetada por la Comisión de Constitución el pasado 4 de abril recomendando eliminar los dispositivos que atentan contra la libertad de conciencia y de expresión bajo el pretexto de combate a la discriminación.
Por su parte el decreto 1267 crea una Ley de la Policía Nacional del Perú que determina que toda actuación de éste órgano de seguridad deberá «incorporar el enfoque de género» (artículo VII y artículo 2).
El decreto 1325 que ordena la reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y del Instituto Nacional Penitenciario manda ofrecer un «tratamiento especializado e integral, en particular por razones de identidad de género y orientación sexual».
Y el decreto 1348 que aprueba el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente determina que su aplicación debe garantizar el «enfoque de género», de forma que sean considerados como factores relevantes el «sexo, la orientación sexual y la identidad de género» de los infractores. En el nuevo código hay 10 dispositivos en ese sentido.
Estos tres últimos decretos, el 1267, 1325 y 1348, fueron objetados por la mayoría de la Comisión de Constitución el lunes 11 de abril que recomendó que los artículos que imponen la «perspectiva de género» sean rechazados y, una vez eliminados, se apruebe lo que resta del decreto.
Ahora será el plenario del Congreso quien vote durante las próximas semanas las recomendaciones de la Comisión. Se prevé que sean acatadas.
El presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, del Partido Fuerza Popular, defendió que el veto parcial a los decretos legislativos emitidos por el presidente tienen una sólida base jurídica.
«Es un hecho que el Ejecutivo se excedió en la delegación de facultades e intentó legislar, de forma velada, sobre temáticas en las cuales no tenía atribución. Nuestra obligación es tomar las medidas necesarias para ‘sanar’ los decretos, para ello tenemos también el respaldo de la población a la que representamos», explicó.
Este último aspecto mencionado por Torres tiene respaldo «material». Poco más de un millón de firmas que son resguardadas en el Congreso.
Fueron entregadas a los parlamentarios el pasado 17 de febrero por la plataforma ciudadana Con Mis Hijos No Te Metas y piden explícitamente la derogación del decreto de ley 1323, al que denominaron «ley mordaza», y de cualquier otro dispositivo legal que pretenda imponer la ideología de género.
