(EP) El responsable de Comunicación del Arzobispado de Zaragoza, José Antonio Calvo, ha manifestado que afrontan con tranquilidad que el gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZEC) haya acordado iniciar el procedimiento para reclamar la nulidad de la inmatriculación de la Catedral de San Salvador de Zaragoza, más conocida como La Seo, y la Iglesia de La Magdalena para que estos edificios sean de dominio público. «La legalidad y la jurisprudencia nos apoyan», ha asegurado Calvo.
Según ha explicado en declaraciones a Europa Press, «si reclaman la titularidad pública, tendrán que demostrarlo, pero es imposible», por lo que ha confiado en que la justicia «nos dé la razón» en caso de que el Consistorio de la capital aragonesa decida acudir a los tribunales por esta cuestión.
El responsable de Comunicación del Arzobispado ha aclarado que tanto la catedral de La Seo, como la parroquia de Santa María Magdalena «son instituciones eclesiásticas desde su comienzo, a finales de siglo XII» y el dominio de esos bienes «ha sido pacífico, incontestado y notorio» a lo largo del tiempo.
Ha añadido que el registro de la propiedad se creó en la segunda mitad del siglo XIX y como «eran tan notorio» que este tipo de patrimonio «era de la Iglesia», así como ocurría con el de otras instituciones, como municipios y otras Administraciones, «nos exceptuaron de la capacidad de registrar».
A este respecto, ha continuado, el Tribunal Supremo «ha dicho que no es inconstitucional que la Iglesia católica inmatricule bienes, sino que se le haya privado durante décadas de esa posibilidad» y ha explicado que cuando se hizo con estos bienes, el objetivo era «dar publicidad, no hacernos con una propiedad» porque el registro «visibiliza lo que es una propiedad, pero no la da».
José Antonio Calvo ha incidido en que se trataba de dar «transparencia a los bienes que desde tiempo inmemorial, sin contestación y con todas las pruebas debidas son nuestros», para aclarar que la Iglesia «es una institución más antigua que el Estado» y por eso, «a veces, no tenemos los títulos de propiedad» porque no existía en su momento esa posibilidad.
«Atropello» de la extrema izquierda
El responsable de Comunicación del Arzobispado de Zaragoza ha estimado que la «operación» del Ayuntamiento de la capital aragonesa responde a lo que defienden las bases del grupo que ostenta el gobierno, Zaragoza en Común, así como a las de Chunta Aragonesista (CHA) y de otros partidos «radicales de izquierdas» como «bandera de laicidad», pero «es un atropello contra los derechos civiles, de las instituciones y contra la legitima libertad».
En este punto, ha advertido de que «nadie ha preguntado al párroco de Santa María Magdalena, ni a los 500 feligreses que asisten a la misa, ni a las 200 familias a las que atiende Cáritas en esa parroquia, ni a los enfermos que visitan».
Ha opinado que «se quiere privar a la Iglesia de la propiedad», cuando es esta institución «la que la ha creado, quien mantiene esos edificios, conserva la vida y el fin propio», que es «la reunión de los cristianos y la expresión religiosa».
Por eso, «somos los únicos legitimados moral y jurídicamente para mantener estos edificios, conservando el fin propio para el que fueron creados y al mismo tiempo abiertos a otros y a actividades compatibles, como siempre hemos sido», como conferencias, conciertos y visitas culturales.
José Antonio Calvo ha manifestado que este «es un conflicto creado artificialmente por causas ideológicas y laicistas que quieren expulsar a la Iglesia de la sociedad, de la vida pública y que buscan la confrontación» y «si saliera adelante, Zaragoza sería un territorio menos libre».
Además, ha estimado que en ese caso, «el fin principal para el que fueron creados» estos edificios «pasaría a ser secundario» ya que «dicen que van a seguir siendo espacios de culto, pero los conflictos estarían asegurados».
También ha expresado la posibilidad de que esto se convierta «en un proceso de incautación y desamortización de bienes sistemático», aunque también ha comentado que hay que esperar a ver qué acciones emprende el Ayuntamiento de Zaragoza ya que los informes jurídicos municipales señalan que si realiza acciones judiciales, serían un «fracaso estrepitoso».
