(Fides) El pueblo iraquí - ha declarado Jarba después de la votación - «rechaza cualquier hipótesis de reconfiguración jurídica de la Llanura de Nínive».
Según quienes apoyan la moción, cualquier cambio de fronteras o de la actual situación administrativa y legal de la provincia en el momento presente, representaría una violación de la Constitución iraquí. En su opinión - señalan fuentes locales consultadas por la Agencia Fides -, las cuestiones sobre el futuro del orden institucional de la zona serán procesadas sólo y cuando se produzca la liberación completa de las tierras que por ahora siguen bajo el dominio de los yihadistas del Estado Islámico (Daesh). Y, en cualquier caso, los proyectos para reconfigurar la zona basados en principios étnicos o sectarios representan intentos claros - promovidos por fuerzas externas - de influir en los futuros escenarios políticos en la región «bajo el pretexto de ayudar a las minorías religiosas»:
El pronunciamiento del Parlamento iraquí representa un jarro de agua para todas las hipótesis - cultivadas tanto dentro como fuera de Iraq - de dividir la provincia de Nínive y crear «áreas protegidas» reservadas para los grupos religiosos y étnicos minoritarios, con una amplia autonomía política y administrativa.
Últimamente, campañas e iniciativas políticas lanzadas sobre todo en los Estados Unidos promovían proyectos de transformación de la Llanura de Nínive en una zona autónoma, reservada a las poblaciones cristianas caldeas, sirias y asirias, El 9 de septiembre, doces miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos presentaron al Comité para Asuntos externos de la Cámara una Resolución para pedir que el Congreso Americano y la comunidad internacional promoviesen ante el gobierno iraquí el reconocimiento de una Provincia que correspondiese a la Llanura de Nínive y organizada según criterios jurídicos en línea con «la auto-determinación por parte de las poblaciones indígenas».
La resolución, presentada por el republicano Jeff Fortenberry en nombre de sus colegas, sostenía la petición con una lista de 16 consideraciones, muchas de las cuales hacían referencia a las campañas realizadas en los últimos meses para empujar al gobierno Usa y a otras instancias políticas occidentales a aplicar la definición de «genocidio» a las diferentes formas de brutalidad y opresión realizadas por los militantes del Califato Islámico (Daesh) contra los cristianos y otros grupos minoritarios.