(Actuall) El proyecto de ley es una reacción a los vídeos con cámara oculta publicados por David Daleiden, fundador del Center Medical Progress (Centro para el Progreso Médico, asociación formada por periodistas dedicados a la vigilancia y presentación de informes sobre ética y avances médicos). En ellos se veía a los funcionarios del abortorio confesando el tráfico de órganos a partir de los niños abortados, llegando incluso a bromear sobre un corazón palpitante.
La publicación de estos vídeos por parte de Daleiden provocó una fuerte reacción en la opinión pública de todo el mundo. Una de las consecuencias más inmediatas fue la retirada de subvenciones a Planned Parenthood por parte de 11 estados norteamericanos. Esto escoció al gigante abortista, que contraatacó presentando cuatro demandas contra Daleiden.
En ellas, Planned Parenthood pedía la prohibición de publicar vídeos e informaciones relativas a sus prácticas abortistas al entender que esa difusión era dañina para sus intereses.
Ahora el proyecto de Ley 1671 prohíbe la publicación de conversaciones confidenciales con profesionales sanitarios -incluso si esas conversaciones revelan prácticas ilegales, como es el caso que nos ocupa-. Además esta norma contempla multas de hasta 10.000 dólares y un año de cárcel para quien incumpla el texto. Se espera que el proyecto de ley sea aprobado muy pronto por el gobernador proaborto Jerry Brown.
Protestas ante la censura
Por supuesto, han aparecido voces discrepantes por suponer un duro ataque a la libertad de expresión e información. Los críticos -y no sólo los opositores al aborto- dicen que esta nueva ley contradice el proyecto de ley sobre libertad de prensa. El diario News Wire acusa al Tribunal Supremo de Estados Unidos de dictaminar «restricciones a la libertad de expresión y publicación» y le recuerda que esto supone «la infracción más grave y menos tolerable en los derechos de la Primera Enmienda».
Hasta partidarios del aborto como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) está en contra del proyecto de ley, al entender que aplicar esta censura es inconstitucional.
El propio David Daleiden ha reaccionado con incredulidad a la noticia. «Planned Parenthood todavía no puede aceptar el hecho de que su alta dirección haya sido grabada reconociendo cómo aplastan a los bebés con el fin de obtener las partes más valiosas del cuerpo para la venta. En cambio, Planned Parenthood está tratando de convertir en crimen las pruebas aportadas», sostiene Daleiden.
Asimismo, el fundador de CMP cree que el proyecto de ley es inconstitucional. «El periodismo ciudadano es un derecho de la Primera Enmienda, no es un crimen», asegura aLifeSiteNews. «El único delito es el que Planned Parenthood está tratando de ocultar: el aborto y su lucro con el tráfico de órganos de bebés».
Lila Rose, de Live Action’s, opina que el proyecto de ley no protege a los periodistas que escriben sobre esta actividad criminal. «Durante años, los periodistas de investigación han grabado distintas sedes de Planned Parenthood y han demostrado que algunas han servido de tapadera para traficantes de sexo, en otras no se han denunciado abusos sexuales a niños y en otras en las que se ha traficado con partes del cuerpo del bebé».
Dinero público para los matarifes
Por ello, Rose lamenta que «en lugar de ser más transparentes con el público, Planned Parenthood quiere encarcelar a periodistas y denunciantes por grabar y distribuir material que demuestra que están violando la ley».
La Asociación de Editores de Periódicos de California incluso ha admitido que «la nueva versión modificada del proyecto de ley contempla la posibilidad de criminalizar el lenguaje». En opinión de Rose, el proyecto de ley es un ejemplo de ley tras la cual se esconde dinero. «Planned Parenthood está atacando descaradamente la Primera Enmienda, con la complicidad de los legisladores de California».
Además Rose sostiene que debido a que Planned Parenthood es financiada con impuestos, el público tiene derecho a saber lo que el gigante del aborto está haciendo con sus fondos. «La gente tiene derecho a saber que su dinero no está siendo utilizado para violar la ley o a cometer abusos, y los gobiernos deben tomar medidas para que las cosas sean más transparentes, y no menos».
Para finalizar, Lila Rose cree que este proyecto de ley no protege a las mujeres, sino que sitúa a Planned Parenthood por encima de la ley, y le permite ocultar su actividad potencialmente ilegal y abusiva.
