(InfoCatólica) La norma vigente en el estado indica que el trabajador de una farmacia puede negarse a vender anticonceptivos y abortivos siempre que haya otra persona que venda el producto.
La empresa Stormans Inc. indicó que en muchas ocasiones se da la circunstancia de que solo hay una persona atendiendo al público o todas las que hacen esa labor quieren ejercer la objeción de conciencia.
El fiscal general de Washington se felicitó por la decisión del Supremo de no escuchar a los que demandan su derecho a objetar asegurando que «los pacientes deben saber que cuando necesitan medicación, no van a ser rechazados sobre la base de las opiniones personales del propietario de una farmacia en particular. El fallo del tribunal de apelaciones confirmó hoy la protección de ese principio».
John Roberts y Samuel Alito, dos de los cinco jueces que abordaron el caso, han indicado que estaban a favor de que el proceso siguiera adelante para ser tratado por el pleno del Supremo.
En un escrito en el que explicaba su voto particular, Alito advirtió que «si esto es una muestra de cómo las reivindicaciones libertad religiosa van a ser tratadas en los próximos años, los que valoran la libertad religiosa tienen motivo de gran preocupación»