(Efe/El Confidencial) La decisión ha sido adoptada por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital gallega, Andrés Lago Louro, que se hizo cargo de un asunto llevado inicialmente por Ana López-Suevos, del número 1, que fue quien coordinó la operación policial del pasado 23 de enero.
Ese día, López-Suevos envió a una comitiva judicial de la Policía Nacional al convento de las Mercedarias de Santiago para pedir entrevistarse con las monjas supuestamente retenidas y tomó declaración a cinco de ellas, de las que tres manifestaron su deseo de abandonar esta institución, en la que aseguraban vivir en condiciones de «casi esclavitud». Así figuraba en la denuncia que destapó el caso, presentada por una exmonja del convento que sostenía que la madre superiora les impedía abandonarlo con la advertencia de que su situación en España era irregular, a pesar de que todas ellas habían conseguido el permiso de residencia.
Tras la operación policial de enero, el juzgado abrió diligencias por tres presuntos delitos: contra la integridad moral, detención ilegal y coacciones. En todos ellos el juez considera que no hay indicios ni ninguna prueba que permitan continuar con la instrucción del asunto. Así, respecto al de detención ilegal, Lago Louro señala en su auto que «no es posible» su apreciación, cuandotodas las monjas, «inclusive las que han decidido abandonar el convento, han afirmado en sede judicial que podían visitar a sus familias cada siete años». E incluso menos, cuando existían «casos justificados» como la enfermedad de algún pariente.
Se comunicaban con sus familias
Tras asumir los votos, precisa el auto de archivo, todas las religiosas pasaron en la India temporadas de hasta tres meses, para una vez cumplidas regresar «voluntariamente al convento». Pese al régimen de clausura en el que se hallaban, subraya, podían comunicarse habitualmente con sus familias tanto por carta como por teléfono, lo que considera el juez evidencias para descartar «en absoluto» que se tratara de un secuestro o detención ilegal.
En opinión de Lago Louro, las monjas tampoco fueron objeto de tratos vejatorios, degradantes o humillantes, como considera demostrado con las propias declaraciones de las exreligiosas. En ninguna de las mujeres indias consideró la existencia de un «menoscabo grave a su integridad moral», por lo que descarta hablar de delito. El juez considera además una contradicción que calificasen de «duras» las condiciones de trabajo en el convento, pero que, al mismo tiempo, entendiesen que era «lo natural de la vida», y que inclusoafirmaran que las hermanas eran «muy cariñosas» y que a ellas no les faltaba de nada. Son opiniones que llevan al juez a considerar innecesario «extenderse más sobre este punto», según publicó 'La Voz de Galicia'.
Duda sobre la veracidad de la ex-monja
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago también encuentra contradicciones en la declaración de la exmonja india que denunció el caso, que «llevan a dudar de su veracidad». Se basa en esas supuestas incoherencias para respaldar su conclusión de que la madre superiora de la congregación no coaccionó a las monjas. Lago Louro considera «dudoso» que tenga «relevancia penal» que la religiosa retuviese la documentación de las hermanas e incluso que las amenazase con expulsarlas a la India si se marchaban del convento. Entre otras cosas, porque es «lógico» que custodiase sus papeles, sobre todo porque, al ser de origen indio y no hablar castellano, eran «especialmente vulnerables» y precisaban «de la asistencia constante de alguien».
El auto también se refiere a otras dos monjas indias que dejaron la congregación en 2011 y regresaron a su país, de las que niega que pueda asegurarse que hayan sido expulsadas en contra de su voluntad. En todo caso, precisa que la actual madre superiora no ejercía en aquellos momentos ese cargo.
Las monjas liberadas por la policía en enero llegaron a la congregación compostelana procedentes de la India hace unos 15 años, cuando todavía eran menores de edad. El Arzobispado de Santiago negó tras conocerse el caso que las monjas estuviesen retenidas en el convento, y aseguró que las mujeres habían iniciado un proceso para dejar los hábitos. En todo caso, precisó que esa dispensa de votos «lleva su tiempo». Según explicaron fuentes del Arzobispado, la documentación para solicitad esta dispensa «quedó concluida a nivel diocesano el pasado 21 de enero», tres días antes de la liberación, y se estaba a la espera de su remisión a la congregación correspondiente de la Santa Sede.
El relato más detallado de lo que sucedía intramuros de las Mercedarias es el que realizó la exmonja que denunció el caso, que escapó de las Mercedarias en una de las escasas visitas que le permitieron hacer a su país. Tras 13 años en el convento «no aguantó más», por lo que le hizo llegar a la superiora su intención de dejar los votos. Esta le contestó, según la declaración de la exmonja, que «nunca se marcharía de allí mientras siguiese viva», y que si seguía adelante con su plan la metería en un avión y anularía sus tarjetas para que no pudiera quedarse en España.
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