(Zenit) Así lo ha indicado ayer martes por la tarde la Oficina de Prensa de la Santa Sede en un comunicado. En el año 2013 ya se publicó un informe parecido. El informe, indica el comunicado, señala en los párrafos 18 y 19: «los tribunales del Vaticano han congelado 11,2 millones de euros como resultado de las investigaciones en curso».
El documento de Moneyval precisa también en el párrafo 18: «Con respecto a la Oficina del Promotor de Justicia, las investigaciones son complejas desde un punto de vista técnico y requieren un análisis cuidadoso. Tienen una fuerte dimensión internacional o transnacional, involucrando a los delitos cometidos fuera del territorio del Vaticano y las personas que están fuera del Vaticano».
Moneyval ha sido establecida en 1997 dentro del marco del Consejo de Europa. Es un Comité de expertos en la evaluación de medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Su creación ha supuesto un paso decisivo en la lucha contra el blanqueo de capitales. Desde su nacimiento, el objetivo del comité siempre ha sido el mismo: asegurarse de que sus Estados miembros dispongan de sistemas eficaces para combatir las amenazas actuales en este tipo de delitos y trabajar para hacer frente a las futuras. De esta forma, Moneyval se ha convertido en uno de los mecanismos de control más importantes de Europa.
«La Santa Sede ha establecido –prosigue el comunicado de la Oficina de Prensa– una red internacional que le permite cooperar activamente con otros Estados en estos casos, tanto a nivel de la AIF como a nivel de los tribunales. La información y las estadísticas que figuran en el informe lo demuestran bien. El Tribunal vaticano ha solicitado y recibido la asistencia jurídica mutua (rogatorias) de otros Estados. El informe confirma en su párrafo 79 que la asistencia judicial recíproca se utiliza ampliamente».
«La Santa Sede –concluye– acoge con satisfacción la invitación del Comité Moneyval para fortalecer aún más la capacidad de sus tribunales y la Gendarmería para llevar a cabo investigaciones más incisivas en materia penal y castigar los delitos de lavado de dinero y financiación del terrorismo cometidos en el ámbito de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano».