(El Confidencial/Paloma Esteban) Los programas electorales recogen la hoja de ruta que cada partido pretende o dice querer seguir si gobierna. Ideas y promesas concentradas en cientos de páginas que, sin embargo, los votantes del próximo 20 de diciembre no suelen leer con detenimiento más allá de las cuestiones más populares como las recetas para combatir el paro, la reforma laboral o los planes en materia educativa. Sin embargo, hay otras muchas propuestas que si bien pasan desapercibidas e incluso los partidos tratan de ocultarlas con vaguedad, pueden llegar a cobrar mucha importancia. Ciudadanos, que todas las encuestas incluido el último CIS, demuestran que será un pilar fundamental para la gobernabilidad de España en 2016, se ha pronunciado sobre algunos de los aspectos más controvertidos en el marco social.
Un ejemplos es la marihuana. La formación de Albert Rivera es partidaria de legalizarla, tanto para el consumo particular como para el uso terapeútico «por razones de salud pública». La pretensión de Ciudadanos será impulsar una ley que despenalice y regule a nivel estatal la producción y distribución tanto del cannabis como de sus derivados. Según el programa, se tomarán «medidas paralelas y necesarias» para esta regulación social como «programas de información y concienciación de las consecuencias nocivas para la salud derivadas de su consumo».
Regular la prostitución es otro de los ejemplos más controvertidos. Ciudadanos aborda esta cuestión en el apartado de su programa dedicado a Interior y Seguridad, y se muestra partidario de establecer un marco legal que regule el ejercicio de la prostitución voluntaria con un doble objetivo: por un lado, «combatir las redes de explotación sexual y liberar a las víctimas de la indignidad y la vulneración de sus derechos a que las someten las redes de proxenetismo» y por el otro, en clave económica, su equipo calcula que el Estado podría recaudar cerca de 6.000 millones de euros en impuestos si la actividad se regulara.
La propuesta pasaría por proponer a las mujeres que la ejerzan voluntariamente su incorporación al mundo laboral como autónomas, permitiendo el ejercicio de la actividad sólo en establecimientos legalizados y controlados. También habría sanciones económicas para los clientes que no cumplan las condiciones. Aún así, Ciudadanos tendrá complicado encontrar apoyos para abrir el debate en torno a la cuestión. Tanto el Partido Popular como el PSOE se postulan en contra en sus idearios. Los ‘populares’ no aciertan a justificar los motivos con claridad, pero los socialistas acusan directamente la propuesta del equipo de Rivera de «mercadear con los derechos de las mujeres», y critican incluso que esta sea una de sus recetas para salir de la crisis. También los colectivos feministas se han mostrado en contra del partido nacido en Cataluña al considerar que esta medida es una forma de violencia contra la mujer. Y advierten: con su voto no contarán.
Más cerca del PSOE está Albert Rivera en otra cuestión delicada aunque, igual que Pedro Sánchez, no termina de abrir el melón de la eutanasia. Ciudadanos recoge en su programa «la defensa de la ayuda a personas a morir» en caso de ser pacientes en fase terminal o sufrir una enfermedad no tratable con consecuencia irreversible de muerte. Sin embargo, no habla de impulsar una legislación concreta. Eso sí, aseguran respaldar la posibilidad de rechazar o interrumpir un tratamiento de soporte vital y el derecho a recibir cuidados paliativos que eviten el dolor, aunque éstos acorten la vida, incluyendo la sedación terminal si el dolor es incontrolable.
Otra de las medidas que incluye Rivera responde a una demanda histórica de las asociaciones que defienden el derecho a una muerte digna: la facultad de designar a representantes en instrucciones anticipadas o en un testamento vital que tomen decisiones por los enfermos en caso de que éstos no puedan. Precisamente el programa socialista de Pedro Sánchez recoge una ley nacional de muerte digna «que asegure el derecho de todas las personas al respeto de la voluntad de los pacientes y sus familias, que viene avalado por todas las organizaciones profesionales médicas». El PP, por su parte, votó en contra de un proyecto de ley de muerte digna presentado en dos ocasiones por el PSOE en esta legislatura.
En cuanto al aborto, Ciudadanos ha mostrado siempre su postura al respecto: «No es un derecho, sino un fracaso de la sociedad». En la práctica, la propuesta de Rivera se acerca más a la del PSOE que a la del PP, al establecer también «limitaciones temporales de intervención» -es decir, una ley de plazos- aunque mantiene el necesario consentimiento paterno para las menores que quieran abortar, tal y como recoge la Ley Orgánica 11/2015 -vigente desde el pasado septiembre-. El equipo de Rivera también insiste en la necesidad de impulsar una estrategia nacional de educación sexual orientada a evitar embarazos no deseados y apuesta por fomentar el uso de anticonceptivos, incluida la píldora del día después.
Uno de los mayores reproches que las asociaciones proabortistas hacen a Ciudadanos es la vinculación de la mayor parte de embarazos no deseados con la situación socioeconómica y cultural de las mujeres embarazadas: «Vincular el aborto al estrato social lo que hace es utilizar estigmatización de las mujeres que abortan como arma electoral», insisten.
