(Actuall/Juanjo Romero) No es un asunto menor, del fallo que conoceremos a principio del verano de 2016 dependerá la orientación de la lucha por la vida en la próxima década.
La primera vez que el aborto llegó al Supremo en 1973, Roe v. Wade, no sólo se reconoció el derecho a disponer de la vida de otro ser humano antes de su primer llanto, también se le hurtó a la soberanía popular y a cualquier Administración la capacidad de proteger a los bebés en el seno materno y a los Estados de la Unión el poder de legislar a favor de la vida.Feto
El movimiento provida en Estados Unidos orientó sus esfuerzos entre otras cosas a:
Mantener en la agenda política, social y científica la lucha contra el aborto.
Promover una cultura de la vida que más de cuarenta años después permite que la mitad de la población, con los matices que se quiera, se considere ‘provida’.
Canalizar todo ese capital humano hacia la elección de candidatos políticos que, de verdad, luchan por proteger a los más indefensos.
Los éxitos en estos tres frentes son evidentes, desde el ámbito cultural o asistencial al político y judicial.
Así en 1992 el Tribunal Supremo se vio obligado a escuchar el segundo gran caso sobre el aborto, Planned Parenthood v. Casey y, aunque mantuvo en la sentencia de 1973 se reconoció un cierto margen de maniobra a las legislaturas de cada Estado, en orden a dictar restricciones al aborto fallando a favor del Estado de Pennsylvania en el establecimiento de la obligatoriedad de un periodo de reflexión previo al aborto y a facilitar los medios adecuados e información para que la madre tomase la decisión.
Aquella sentencia dio esperanza en la revocación de Roe v. Wade, la batalla iba a ser larga pero se ganará, porque hay batalla. Las cabezas y los corazones empezaban a cambiar.
En 2007, en Gonzales v. Carhart, el Supremo declaraba válida la ley federal que prohibía el ‘aborto por nacimiento parcial’, desdiciéndose de su sentencia del año 2000.
De este modo en paralelo a otras iniciativas que tienen la finalidad de conseguir el aborto cero en Estados Unidos, muchos gobernadores, ‘representantes’, alcaldes, aun no pudiendo legalmente abolir el aborto están contribuyendo a salvar vidas por ‘la vía administrativa’.
En enero de 2015 el abortista el Instituto Guttmacher alertaba en su informe anual de que ya había «27 Estados hostiles al aborto, de los cuales 18 eran muy hostiles», señalando que entre 2010 y 2014:
Han sido aprobadas 231 leyes provida.
Más de la mitad del país está bajo una jurisdicción que protege más la vida de los hijos y de las madres.
27 estados han presentado restricciones fuertes al aborto, 18 de ellos con más de cinco leyes provida.
En 2014 se han presentado 341 proyectos de ley para defender la vida, aunque sólo se han convertido, por ahora, en ley 26 de ellos.
El número de abortos ha disminuido considerablemente, y el de la clínicas abortistas más aún. Por ejemplo:
En Dakota del Norte, el congreso estatal prohíbe cualquier tipo de aborto, en cualquier supuesto, en cuanto se oiga un latido (6 semanas). Un simple ecógrafo vaginal se convierte en el mejor escudo en manos de los provida.
En Dakota del Sur se aprobó la House Bill 1237, que obligaba a las mujeres a pedir consejo y esperar 72 horas sin contar fines de semana y festivos (es decir 3 días). Los abortistas se quejan y vaticinan que esa ley hará desaparecer el aborto en el Estado.
En Kansas, también una ley de «derecho a conocer», como la de Dakota del Sur pero de 24 horas y además prohibe aquellos abortos en los que el niño pueda experimentar dolor.
Arkansas también se acoge a la ley de «dolor fetal» y obliga a realizar y visionar un ultrasonido abdomilan.
Virginia dicta una ley que exige que las puertas de los abortorios tengan el mismo ancho que las de cualquier centro quirúrgico, y los centros abortistas van cayendo como chinches
Mississipi decide que los ‘practicantes de aborto’ tengan un certificado emitido en un centro educativo superior del propio estado: cierran todas los abortorios.
El gobernador Rick Perry contra el aborto
Bajo el mandato del gobernador de Texas, Rick Perry, se promulgaron dos leyes restrictivas del aborto que han sido paralizadas y activadas sucesivamente por tribunales menores.
La primera que los centros en los que se practican abortos tengan que cumplir las mismas normas que el resto de centros médicos; y la segunda que las mujeres que desean abortar deben hacerse una ecografía ultrasónica 24 horas antes. De entrar en vigor estas leyes, para empezar, cerrarían inmediatamente 30 de las 40 clínicas abortistas.
Ahora el asunto llega al Tribunal Supremo, y más allá del caso concreto está en juego la capacidad que tendrán en el futuro los políticos para seguir ‘legislando’ en contra del aborto, aunque sea ‘de este modo’.
Uno no deja de sentir cierta envidia del compromiso real por la vida de los políticos –y especialmente de los ciudadanos que les votan-, porque cuando se quiere, se puede.
Uno no puede dejar de preguntarse, ¿qué político ha actuado así en España?
