(BCSNoticias) Mons. Alba Díaz recordó el versículo 18 del capítulo segundo del libro bíblico Génesis, que dice «no es bueno que el hombre esté solo», al señalar que, «convencido de esta verdad bíblica», cree «en el derecho que toda persona tiene a buscar, a dar y a recibir el apoyo moral, económico y afectivo de otra persona, independientemente de cualquier otra consideración», anotando que «este derecho debe ser protegido y garantizado jurídicamente por el estado y respetado por todos los entes sociales».
«Aunque una complementariedad plena sólo puede darse entre hombre y mujer, nadie puede ser condenado a vivir en soledad y soltería a causa de sus preferencias o inclinaciones y que, por tanto, también las uniones entre personas del mismo sexo y género deben ser vistas con respeto y aprecio por la sociedad y tuteladas por el estado. Esta cuestión es la que con justicia preocupa a la Suprema Corte de la Nación y es, según mi parecer, la que las leyes deben establecer y defender con claridad y decisión para no vulnerar, ni permitir que se vulneren, derechos inalienables de todas las personas, sin discriminación».
El obispo de La Paz reconoce que «a muchos preocupa» si las uniones entre personas de distinto sexo y las uniones entre personas del mismo sexo pueden ser equiparadas totalmente ante la ley y si ambas deben ser designadas con un mismo vocablo, siendo también tuteladas por el mismo estatuto jurídico, toda vez que las parejas heterosexuales «poseen un plus por su capacidad para procrear hijos, capacidad que no poseen las parejas homosexuales»; asimismo, conoce que existe conflicto al considerar la adopción homoparental. Ante esto, Miguel Ángel Alba muestra que son temas que «deben ser tratados con mayor serenidad, tacto y prudencia a fin de evitar agravios y confrontaciones estériles y de buscar con toda honestidad el mayor bien posible de las nuevas generaciones, en especial el de los niños y jóvenes más vulnerables y sin hogar».
«Me abstengo intencionalmente de toda referencia a la moral o ética sexual, pues es un tema que corresponde a cada persona basada en sus propias convicciones y creencias, y al estado, si es verdaderamente laico, plural y democrático, sólo corresponde velar por que se respete el derecho que tienen todas las personas a pensar, expresarse y actuar libre, respetuosa y responsablemente a este respecto».
Las palabras de este obispo «católico» chocan de frente con el Magisterio de la Iglesia.
Magisterio Católico
En el documento «Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales», promulgado por la Congregación para la Doctrina de la Fe en junio del 2003, la Iglesia rechaza no solo el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino cualquier tipo de reconocimiento legal de las uniones homosexuales:
Ante el reconocimiento legal de las uniones homosexuales, o la equiparación legal de éstas al matrimonio con acceso a los derechos propios del mismo, es necesario oponerse en forma clara e incisiva.
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Dado que las parejas matrimoniales cumplen el papel de garantizar el orden de la procreación y son por lo tanto de eminente interés público, el derecho civil les confiere un reconocimiento institucional. Las uniones homosexuales, por el contrario, no exigen una específica atención por parte del ordenamiento jurídico, porque no cumplen dicho papel para el bien común.
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En el caso de que en una Asamblea legislativa se proponga por primera vez un proyecto de ley a favor de la legalización de las uniones homosexuales, el parlamentario católico tiene el deber moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar contra el proyecto de ley. Conceder el sufragio del propio voto a un texto legislativo tan nocivo del bien común de la sociedad es un acto gravemente inmoral.
El texto, firmado por el entonces Cardenal Joseph Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, concluye con un párrafo en el que ratifica la oposición de la Iglesia a cualquier tipo de reconocimiento legal de las uniones homosexuales:
La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio, significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores, para el bien de los hombres y de toda la sociedad.
