(Profesionales por le Ética) Profesionales por le Ética denunció, además, que el Informe Rodrígues implicaba un nuevo intento de dejar a un lado el principio de subsidiariedad que, según el Tratado de la UE, obliga a ésta a respetar las competencias de los Estados miembro (en este caso, la educación).
La votación del día 9 no ha podido resultar más decepcionante: la propuesta de resolución (para ver el texto final pinchar aquí) fue aprobada por 408 votos a favor, 236 en contra y 40 abstenciones. Un resultado que da buena idea de la preocupante situación de la UE en los temas más cruciales y, en definitiva, determinantes de nuestro futuro cultural.
En el caso de la representación española, los europarlamentarios adscritos al grupo socialista (S&D), a izquierda unitaria europea (GUE-NGL), a la alianza de liberales y demócratas (ALDE) y a los verdes (Greens-EFA) votaron a favor de la resolución promovida por la diputada Liliana Rodrígues.
En cuanto a los diputados españoles del grupo popular (PPE) es muy llamativo el resultado de la votación, para la que el grupo parlamentario se había posicionado pidiendo el rechazo al Informe Rodrígues. La desconcertante división del voto de los populares, en un asunto de tanta trascendencia, es patente:
- Votaron en contra de la propuesta: Pablo Zalba, Pilar Ayuso, Esther Herranz, Agustín Díaz de Mera, Carlos Iturgaiz y Gabriel Mato.
- Votaron a favor del Informe Rodrígues y, por tanto, a favor de la imposición de la ideología de género en las escuelas europeas: Ramón Luis Varcárcel, Luis de Grandes, Esteban González Pons, Esther Herranz, Teresa Jiménez-Becerril, Verónica Lope y Antonio López Istúriz.
- Se abstuvieron: Francesc Gambús y Francisco José Millán.
- No estuvieron presentes en la votación: Pilar del Castillo, Rosa Estarás y Santiago Fisas.
Representantes de organizaciones europeas movilizadas frente al Informe Rodrígues han señalado a Profesionales por la Ética su asombro ante este errático posicionamiento de los diputados españoles del Partido Popular en un asunto que afecta tan de lleno a principios básico como son la identidad sexual, la libertad de educación y la subsidiariedad de la UE.