(Alfa y Omega / José Antonio Méndez) Covadonga repasa con la mano el forro de sus nuevos libros de texto mientras explica a sus padres lo que ha hecho en su primer día de cole: reencuentro con amigos, saludo a las profesoras, toma de contacto con las nuevas aulas, apuntes en la agenda para ir aprendiéndose su nuevo horario… Como Covadonga, más de ocho millones de alumnos vuelven estas semanas a las aulas españolas para iniciar el que debería ser el primer curso de implantación completa de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE).
Sin embargo, aunque a sus ocho años Covadonga permanece ajena a todo lo que no sean sus lápices de colores, ni ella ni muchos de sus compañeros van a recibir este curso la enseñanza que sus padres habrían deseado. Porque Covadonga es alumna de un colegio público en Asturias, y el Principado es una de las comunidades en las que el Gobierno autonómico ha declarado «un auténtico boicot a la Religión en la escuela y a la implantación de la LOMCE», como explica Iñaki González Bolaños, vicepresidente autonómico en Asturias del sindicato APPRECE (Asociación Profesional de Profesores de Religión de Centros Estatales).
González Bolaños resume la situación «injusta y surrealista» con la que arranca el curso asturiano: «En la LOMCE, el Gobierno permitió que se redujera la carga horaria de la clase de Religión, a pesar de que eso iba a suponer dar el mismo temario en menos tiempo y se iba a mermar la calidad de la enseñanza. El Gobierno de Asturias lo aprovechó y redujo el horario en Primaria de 90 a 60 minutos semanales, y aprobó unos decretos que violan la LOMCE al eliminar en la práctica la Religión en Bachillerato, y que la dejan en nada en Secundaria».
Este recorte de horas ha ido acompañado de un recorte de plantilla, especialmente duro en la escuela pública: a 20 profesores de Religión no se les ha renovado el contrato, y a otros 20 se les ha impuesto media jornada, «a pesar de que muchos, con 20 años de experiencia, están próximos a jubilarse y van a ver reducida su base impositiva justo antes de que se tenga que calcular su pensión. Y luego el Gobierno cacarea sobre la defensa de los trabajadores», dice González Bolaños.
La perplejidad del vicepresidente de APPRECE-Asturias va en aumento al tener en cuenta que los datos provisionales que manejan indican que se ha incrementado el número de matriculados en Religión en todos los tramos, y en toda España: sólo en centros públicos de Asturias, el 70 % de alumnos de Primaria y más del 35 % de Secundaria y Bachillerato han optado este curso por una asignatura que, sin embargo, «no podrán cursar con garantías de calidad», concluye.
La situación que van a vivir los escolares asturianos no los convierte en excepción. Como explica José Miguel García Pérez, secretario de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal, «en toda España hay gobiernos autonómicos, y no solo de izquierdas, que han inaugurado el curso nuevo manteniendo la batalla ideológica que llevan años aplicando, con la que se aprovechan de las escuelas no para servir a la sociedad, sino para modelarla según su criterio político, con experimentos desastrosos».
En total, la clase de Religión ha visto mermada su carga horaria en 13 de las 17 Comunidades (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Aragón, Extremadura, Baleares, Valencia, Castilla y León, y Canarias), así como en Ceuta y Melilla, donde las competencias educativas son del Ministerio. En Valencia, donde se ha recortado en Secundaria, el nuevo consejero (de Compromís) tuvo que retirar un decreto con el que pretendía ni siquiera ofertarla en Bachillerato.
Según García Pérez, «la política insulsa del Gobierno central a la hora de defender los derechos de los padres ha animado a las formaciones radicales a atacar no solo a la clase de Religión, sino a cualquier modelo con el que no estén de acuerdo, y a recuperar estrategias mejores para sus proyectos».
El secretario de la Comisión de Enseñanza de la CEE se refiere así a que en este curso, la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía –borrada en la LOMCE y que el Supremo consideró susceptible de adoctrinamiento en 2009– vuelve a ser obligatoria y evaluable en Aragón, Cantabria, Canarias y Andalucía, por la aplicación autonómica de la LOMCE, y a las discriminaciones que vienen padeciendo los centros concertados.
En Andalucía, la federación regional de Escuelas Católicas (principal patronal de centros concertados de toda España) ha denunciado la discriminación que sufre por parte de la Junta gobernada por la socialista Susana Díaz. Según Escuelas Católicas-Andalucía, la Junta invierte solo un 9,9 % del presupuesto educativo en la enseñanza concertada (conformada por más de 400 centros en los que estudian 225.000 alumnos), frente al 14,25 % de la media nacional.
También en Baleares la enseñanza concertada y la diferenciada empiezan el curso con incertidumbre, después de que el Gobierno autonómico haya anunciado que suprimirá el concierto a los centros Aixa y Llaüt, de Mallorca, cuyos alumnos han recogido más de 4.000 firmas.
Como sintetiza el presidente nacional de APPRECE, José María Guardia, «lo que hay de fondo en todas estas polémicas no es una cuestión educativa, sino ideológica. Este curso vamos a vivir un disparate: comunidades que no aplican una ley orgánica, profesionales cuyos derechos se atropellan y familias a las que no se respetan. Porque para resolver esto en diálogo con los distintos gobiernos, lo que no podemos olvidar es que la educación tiene que estar al servicio de los alumnos y sus familias, no de los partidos».
