(InfoCatólica) El cardenal Sturla ha concedido a Agesor una entrevista en la que analiza la situación de los Derechos Humanos en Uruguay y las uniones homosexuales.
¿Qué visión tiene de los Derechos Humanos en Uruguay?
Vivimos en un país donde el respeto por los Derechos Humanos es muy importante. Desde el retorno de la democracia se vive una experiencia de respeto a los DDHH, obviamente, como toda sociedad, tiene debes que están tratando de solucionar. Pienso en todo el tema de violencia de género, pienso en el retroceso que para nosotros significa la aprobación de la ley del aborto, porque corta el derecho humano fundamental a la vida. Entre sombras y luces si uno pasara el balance, desde el retorno de la democracia hasta ahora, hemos avanzado en el tema DDHH, con estas salvedades que hago.
¿Y el matrimonio igualitario es parte de las libertades que se pregonan para el ser humano?
Ahí hay un tema muy complejo, lo que hemos avanzado como sociedad es en el respeto a las personas en su diversidad. La conciencia de la sociedad ha avanzado, es muy positivo, saber que cada persona vale por sí misma, sea de la condición que sea, que ella tenga, orientación sexual, color de piel, varón o mujer, etc. En eso dimos pasos adelante y es muy positivo. Llamar matrimonio a la unión entre personas del mismo sexo, es un error. La legislación había llegado a un punto que era adecuado, según mi parecer, que era el que hubiera un tipo de condiciones, de relacionamientos, a la unión de personas del mismo sexo, que la igualaban al matrimonio pero sin llamarle matrimonio.
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Magisterio Católico
En el documento «Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales», promulgado por la Congregación para la Doctrina de la Fe en junio del 2003, la Iglesia rechaza no solo el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino cualquier tipo de reconocimiento legal de las uniones homosexuales:
Ante el reconocimiento legal de las uniones homosexuales, o la equiparación legal de éstas al matrimonio con acceso a los derechos propios del mismo, es necesario oponerse en forma clara e incisiva.
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Dado que las parejas matrimoniales cumplen el papel de garantizar el orden de la procreación y son por lo tanto de eminente interés público, el derecho civil les confiere un reconocimiento institucional. Las uniones homosexuales, por el contrario, no exigen una específica atención por parte del ordenamiento jurídico, porque no cumplen dicho papel para el bien común.
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En el caso de que en una Asamblea legislativa se proponga por primera vez un proyecto de ley a favor de la legalización de las uniones homosexuales, el parlamentario católico tiene el deber moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar contra el proyecto de ley. Conceder el sufragio del propio voto a un texto legislativo tan nocivo del bien común de la sociedad es un acto gravemente inmoral.
El texto, firmado por el entonces Cardenal Joseph Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, concluye con un párrafo en el que ratifica la oposición de la Iglesia a cualquier tipo de reconocimiento legal de las uniones homosexuales:
La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio, significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores, para el bien de los hombres y de toda la sociedad.
