(Forum Libertas) Cabe recordar que esa ley se aprobó sin atender a tres acuerdos básicos alcanzados por la Iglesia catalana y el presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, quién no dudó en incumplirlos, engañando así a los representantes de la Iglesia. Entre otras cuestiones se planteaba votar en contra de la inversión de la carga de la prueba.
Además, desde Convergència Democràtica de Cataluña (CDC), posteriormente se planteó instar al Gobierno central a impulsar una ley de privilegios LGTBI similar a la catalana, algo a lo que se opusieron sus ex socios de Gobierno, Unió Democràtica, con Josep Antoni Duran a la cabeza.
Campaña para promocionarla
Ahora, la Generalidad vuelve a la carga y estaría preparando una campaña para promocionar la ley LGTBI, en la que, entre otras cosas, se animaría a denunciar los casos de discriminación, según fuentes cercanas al Gobierno catalán.
Cabe recordar que, como advertía el mismo mes de octubre e-Cristians, esa ley «pone en riesgo la libertad y los derechos de padres y escuelas», además de otras cuestiones que esta asociación criticaba: la discriminación se refiere a un grupo específico y debería ser general; es apologética y de fomento de la homosexualidad; la inversión de carga de la prueba, un mecanismo perverso; atemoriza con las sanciones; censura la libertad de expresión e impide la libertad religiosa.
¿Era necesaria?
Hay que insistir en que esa ley antidiscriminación específica para el colectivo de LGBTI genera una pregunta: ¿era necesario crearla para evitar tan solo 38 denuncias al año? Como informábamos el pasado 15 de mayo, esa era la cifra de denuncias que la Policía de la Generalidad (Mozos de Escuadra) contabilizó en 2014 en el ámbito de la homofobia en Cataluña, es decir el equivalente al 12,6% del total de los casos investigados por delitos y faltas hacia el odio y la discriminación.
En Barcelona se registraron entonces 26 investigaciones abiertas, y le siguieron Gerona, con 5 casos; Tarragona, con 4; y Lérida, con 3 hechos denunciados.
La conclusión de todo ello es que esa ley específica era del todo innecesaria, y hubiera tenido mucho más sentido una ley integral contra la discriminación, que contemplara, además del colectivo LGTBI, al de inmigrantes, gitanos, pobres, ancianos o viudas, entre otros.
