(PPE) Realizado por Mujer, Madre y Profesional, una iniciativa de Profesionales por la Ética, el Informe define la maternidad de alquiler como una nueva forma de explotación de la mujer y de tráfico de personas en la que puede llegar a haber hasta 6 adultos que reclamen la paternidad de cada bebé nacido con este método.
En el apartado relativo al daño psicológico, médico y social de la subrogación, el Informe demuestra que la maternidad de alquiler convierte a los niños en productos comerciales con control de calidad y a las madres de alquiler en productos de usar y tirar.
El Informe incluye un exhaustivo análisis de la situación de la maternidad de alquiler en Europa, donde está prohibida total o parcialmente en la mayor parte de los países, estando expresamente prohibida en Alemania, Austria, España, Estonia Finlandia, Islandia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía. También se pone de manifiesto que una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de junio de 2014 dictó sentencia a favor del reconocimiento de la filiación entre los niños nacidos mediante vientre de alquiler y los progenitores que han acudido a este método reproductivo. Esta sentencia ha sido utilizada en varios países europeos, entre ellos España, para introducir la maternidad subrogada.
Por otro lado, el Consejo de Europa condenó la maternidad subrogada en una Declaración escrita (2012). En la actualidad, existe una campaña internacional, No Maternity Traffic, para solicitar al Consejo de Europa la abolición universal de la maternidad subrogada.
Como explica Luisa Peña, portavoz de Madre, Mujer y Profesional, «la tendencia en los países occidentales se dirige hacia la aprobación del comercio del cuerpo de la mujer y el tráfico de niños. La presión de los lobbies y el enorme negocio que genera está incidiendo en las instituciones y creando neoderechos a favor del deseo de una parte mínima de la población, al margen de cualquier consideración ética y de la legislación internacional vigente».
Peña confirma que el Informe es solo un primer paso para informar a la sociedad sobre lo que realmente es la maternidad subrogada y sus consecuencias psicológicas, médicas y sociales. «Nuestro objetivo», afirma, «es lograr compromisos políticos y resultados jurídicos para abolir esta práctica que vulnera la dignidad humana más elemental», asegura.
