(Canarias7) Concretamente, la Fiscalía Provincial de Madrid comunica, en un escrito de 16 de febrero al que ha tenido acceso Europa Press, que el juez ha incoado diligencias previas, tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía contra los representantes legales de la Clínica Ginecológica Callado SLP, Dator Partner Line, Centro Médico Pacífico S.L., Centro Médico El Bosque, Clínica Amec, Clínica Ansoain y el Centro Médico Aragón.
El Fiscal ha visto así indicios de delitos tras recibir la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil y seguir la diligencias de investigación.
En la denuncia de la Plataforma la Vida Importa, señalan a las ocho clínicas por incumplimiento de la normativa de residuos biosanitarios. Además, advierten en algunos de ellos que se pone en peligro la salud pública y el medio ambiente por la inadecuada gestión de residuos biosanitarios, que se mezclan con otros residuos, envasado inadecuado y abandono y eliminación incontrolada de residuos.
Junto a este delito, a varias de las clínicas las denuncian por presunta estafa contra la Sanidad Pública. Se trata de aquellos centros concertados en los que presuntamente, según el denunciante, se cobran como abortos con anestesia general a un coste de 382,53 euros, abortos químicos cuyo coste está por debajo de los 50 euros o se cobrar a la Adminsitración abortos que finalmente no se llegan a realizar.
Además, denuncian presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, al asegurar que se practican abortos quirúrgicos «en negro». En una de las clínicas se observa también un presunto delito de usurpación de autoridad pública, así como otro de cohecho en otro centro. Igualmente, se advierte de que en uno de los centros se fuma nen espacios sanitarios con mujeres embarazadas.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) también recibió en diciembre notificación de una denuncia de la Plataforma cada Vida Importa contra varios centros dedicados a la práctica de abortos, por tirar presuntamente a los contenedores de basura datos personales y sanitarios de mujeres que habían abortado, y dispondrá del plazo máximo de un año para decidir si abre procedimiento.
Según explicó un portavoz de la agencia a Europa Press, el reglamento de este organismo contempla este plazo para el periodo de anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador. Durante este plazo, la AEPD realizará actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación.
