(HazteOir / InfoCatólica) El mayor cambio, como era previsible, se produce entre los republicanos. Sólo el 21 por ciento de los votantes republicanos suscribe las políticas de aborto del gobierno de Obama, por debajo del 44 por ciento de apoyo que en esta materia obtuvo la administración Bush en el año 2002. Entre los demócratas, la satisfacción se sitúa en el 46 por ciento. Y sólo el 36 por ciento de los independientes registrados aprueba el status quo.
Y de entre los insatisfechos, el doble prefieren leyes más estricto en lugar de leyes menos estrictas: un 24% quieren leyes más estrictas, mientras que el 12% quiere leyes de aborto actuales sean menos estrictas», señala Gallup. La satisfacción general ha disminuido notablemente desde que Obama asumió la presidencia en 2008. «En tres de los cuatro años transcurridos desde 2012, menos del 40% de los estadounidenses han sido satisfechos», informa Gallup. «Sin embargo, entre 2001 y 2008, al menos el 40% se mostraba satisfecho cada año.»
La encuesta marca una sensación continua de distanciamiento con las políticas proaborto de la administración Obama: sienten que se ha ignorado la voluntad de los electores después de las elecciones de 2010 y 2014 por incidir en la legislación sanitaria del ObamaCare y al negarse a hacer cumplir las leyes de inmigración en la frontera sur.
El sondeo se realizó a principios del mes pasado, antes de que la Cámara de Representantes anunciara que votaría el proyecto de ley sobre protección prenatal en relación a la capacidad del no nacido de sentir dolor. Una encuesta de Quinnipiac realizada el pasado mes de noviembre mostraba que este proyecto gozaba de un amplio apoyo nacional, indicando que un 60 por ciento de los estadounidenses son favorables a una ley nacional que limite los abortos a las primeras 20 semanas de embarazo.
Kentucky: nuevo avance por el consentimiento informado
Una mayoría bipartidista votó abrumadoramente en el Senado del estado de Kentucky a favor de la aprobación de un proyecto de ley que requiere a las clínicas abortistas que realicen ecografías y describan el desarrollo del bebé a las mujeres antes de que puedan perpetrar abortos. Quienes violen la ley propuesta se enfrentarían a multas de hasta 100.000 dólares por la primera infracción y hasta 250,000 dólares por violaciones adicionales.
«Suministrar una información completa es tan importante para la salud de la madre como para la de su bebé», manifestaba el principal impulsor del proyecto, el senador Julie Raque Adams (R-Louisville). «Las mujeres de Kentucky no merecen menos».
Aunque el proyecto de ley tuvo un fuerte apoyo de ambos partidos en el Senado, no es tan seguro que recabe tan cálida bienvenida en el Congreso, de mayoría demócrata. Aunque los partidarios de la legislación dicen que creen que el proyecto de ley tiene suficientes apoyos de ambos partidos para pasar fácilmente la votación a la totalidad, es dudoso si el comité encargado de evaluar el proyecto de ley permitirá que siga adelante. Proyectos similares han pasado en repetidas ocasiones el Senado en años anteriores, pero han sido paralizados precisamente en la comisión por el voto en contra de los líderes demócratas de la Cámara.
Idaho: limitaciones al negocio del aborto químico
Por otra parte, otro proyecto de ley en estudio en Idaho reforzaría las normas de seguridad de este Estado ante el aborto, exigiendo a las clínicas abortistas que realicen un examen físico a sus clientes antes de recetarles fármacos abortivos.
Las leyes vigentes actualmente en Idaho no contemplan más que los abortos practicados por el procedimiento quirúrgico, ya que se redactaron y aprobaron antes de la aparición de la píldora abortiva RU-486. Puesto que los abortos con fármacos representan casi la mitad de todos los abortos realizados en el estado, los organismos de control dicen que es hora de que se adecué la legislación. «La ley de Idaho se redactó sin prestar suficiente atención a la utilización de medicamentos abortivos. Esto es un problema real», afirma David Ripley, portavoz del colectivo Idaho Chooses Life (Idaho Elige la Vida), en declaraciones recogidas por LifeSiteNews.
De ser aprobada, la propuesta de ley ayudaría a garantizar la seguridad de las mujeres frente a los graves riesgos que también conllevan los abortos farmacológicos. y evitar que se comercialicen sin ningún tipo de escrúpulos por los abortistas, como ocurrió con Naresh Patel, de Oklahoma, acusado recientemente de fraude por vender pastillas abortivas a mujeres que no estaban embarazadas.
También prohibiría de forma efectiva las mal llamadas «telemedicinas abortivas», táctica de más reciente expansión en los negocios de bajo costo de la industria del aborto, en el que los abortistas hablan a las mujeres a través de enlaces de vídeo en internet antes de prescribir los medicamentos abortivos, en lugar de que tengan que acudir a una consulta adecuada en las que se le realice un examen físico o prueba de embarazo.
Además de esto, el proyecto de ley también obligaría a las clínicas abortistas a realizar un seguimiento personal a las mujeres a las que recetan fármacos abortivos, que tienen un historial de graves efectos secundarios, habiéndose mostrado incluso como causa de muerte en algunas mujeres.
