(ACI) Entre los artículos modificados está en 110, que establece que «la interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimientos de salud, públicos o privados, no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, hasta donde sea posible».
Sin embargo, añade que «la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto, o el originado en malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial».
Ante esto, los obispos indicaron que el artículo 110 «acoge nuestra posición ya que respeta el principio de agotar todos los recursos disponibles para salvar la vida de la madre y de la criatura. El posible efecto negativo de la interrupción del embarazo sería una consecuencia indirecta».
«Sin embargo, rechazamos enérgicamente el párrafo agregado al artículo 110 ya que la Iglesia defiende la vida en toda circunstancia. De ningún modo, podemos aceptar la sentencia de muerte a una criatura concebida, aún tenga ésta malformación o proceda de una violación o incesto», expresaron.
Hace unos días, cerca de 3.500 personas, entre católicos y evangélicos, se congregaron frente al Congreso para protestar contra la despenalización del aborto, luego que el 28 de noviembre el presidente Medina devolviera al Parlamento la ley del nuevo Código Penal Dominicano pidiendo que se especifiquen excepciones que permitan el aborto.
En ese contexto, los obispos publicaron el 3 de diciembre un comunicado demandando a los legisladores ratificar el Código Penal «tal cual fue aprobado por ambas Cámaras», y que protege la vida del no nacido.
