La Asociación Española de Abogados cristianos ha denunciado ante la AEPD a cuatro centros abortistas por presuntas infracciones muy graves al haber tirado, presuntamente, en contenedores de basura información sanitaria de carácter muy sensible en relación a mujeres que se habían practicado abortos en los mismos.
En la documentación hallada en los contenedores se encuentran historias clínicas con nombres, apellidos, dirección, DNI, abortos previos, citaciones, datos de quirófano, revisiones y hasta fotocopias de libros de familia.
El artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos establece que los datos sanitarios deberán ser especialmente protegidos por ser información personal muy sensible y.los artículos 8 y 9 establecen la responsabilidad de salvaguarda de dichos datos que deben tener dichos centros.
Además de una falta muy grave de carácter administrativo, que está sancionada con multas de hasta 600.000€, el artículo 199.2 del Código Penal castiga con hasta 4 años de prisión la divulgación de datos secretos de carácter profesional.
En los próximos días se van a interponer también las correspondientes denuncias ante las consejerías de sanidad que tienen convenios con estos centros.
El trabajo de investigación y recopilación de pruebas ha sido realizado por la asociación LA VIDA IMPORTA, quien afirma que altas instancias del Ministerio del Interior tenían conocimiento de estos hechos desde hace meses sin que hasta ahora se haya llevado a cabo ninguna actuación por lo que se está estudiando interponer una querella por omisión del deber de perseguir delitos.
Además de las historias clínicas y la información médica relacionada con las mujeres que abortaron se encontraron residuos sanitarios humanos e instrumentales que tienen una normativa de tratamiento muy estricta y que presuntamente se estaba ignorando. Por este motivo la asociación La Vida Importa y la Asociación Española de Abogados Cristianos iniciarán también las preceptivas denuncias ante la Policía Sanitaria Mortuoria.
Se trata de un trabajo de recopilación sin precedentes del que se derivarían responsabilidades administrativas, civiles y penales.
