(Zenit/InfoCatólica) Justo cuando se cumple el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989, estas organizaciones eclesiales denuncian «la alarmante situación de la infancia en España en la que uno de cada tres niños viven en riesgo de pobreza o exclusión social». Además, señalan que «nuestro país invierte en políticas de protección a la infancia y la familia casi la mitad que la media europea».
Ante esta realidad, apelan «a las Administraciones públicas, para construir las bases de un nuevo modelo social y económico centrado en las personas, especialmente los más vulnerables, como la infancia y juventud, y articular políticas orientadas a promover los derechos humanos y la justicia social».
Por último, se suman a la iniciativa que han lanzado diversas organizaciones de infancia «solicitando el consenso de las Administraciones Públicas y de las Entidades Sociales en favor de alcanzar un Pacto de Estado por la Infancia con el objetivo de erradicar la pobreza infantil y establecer las medidas necesarias para la inclusión social de la infancia».
Texto íntegro del comunicado
«En el 25 aniversario de la aprobación por la Asamblea de las Naciones Unidas de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, como miembros de organizaciones católicas, nos preocupa el sufrimiento de todos los miembros del pueblo de Dios, la situación de pobreza generalizada, que alcanza hoy a tantas familias españolas, y que adquiere en la vida real rostros muy concretos, como son los niños y niñas que sufren la crisis social y económica de nuestro país.
En los últimos meses, diversos estudios de las organizaciones sociales han puesto de manifiesto la alarmante situación de la infancia en España en la que uno de cada tres niños viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Tanto es así que Cáritas Europa ha publicado un informe en el que España se sitúa casi a la cabeza de la pobreza infantil en Europa. Es el segundo país de la Unión Europea con más menores afectados por situaciones de necesidad, solo Rumanía está en peor situación.
También la OCDE ha llamado la atención sobre las consecuencias de la pobreza en la infancia y ha advertido que los niños y niñas de familias más pobres, además de tener más dificultad para alcanzar cierto nivel de competencias, y aunque estas se igualen, tienen mayores probabilidades de fracaso en los estudios que los hijos de familias con ingresos más altos. Mientras tanto, los recortes presupuestarios en la enseñanza, desde el año 2010 han dejado sin becas a 700.000 estudiantes y en algunas comunidades autónomas, las ayudas para apoyar a las familias en materias como libros o becas de comedor han sufrido serias reducciones.
Para resumir esta falta de apoyo en España a la infancia, basta señalar que nuestro país invierte en políticas de protección a la infancia y la familia casi la mitad que la media europea: un 1,4% del PIB frente al 2,2% de nuestros vecinos comunitarios. Lo que sitúa el gasto per cápita en 270 euros frente a los 510 euros de la Unión Europea.
Ante esta situación, tenemos que recordar las palabras del Papa Francisco cuando nos señala que «La necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar, no sólo por una exigencia pragmática de obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino para sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que sólo podrá llevarla a nuevas crisis. Los planes asistenciales, que atienden ciertas urgencias, sólo deberían pensarse como respuestas pasajeras…» (E.G. 202)
Denunciamos así, las causas de tanta desigualdad social y la política de recortes que ha generado una triste infancia de pobreza contextualizada en la familia española. Como cristianos asumimos el compromiso ético de «mirar la realidad, ver lo que ocurre en el mundo, analizar las causas de la injusticia, y actuar para acabar con ellas». Por ello, sentimos la responsabilidad moral y apelamos a las Administraciones públicas, para construir las bases de un nuevo modelo social y económico centrado en las personas, especialmente los más vulnerables, como la infancia y juventud, y articular políticas orientadas a promover los derechos humanos y la justicia social.
Anhelamos un mundo nuevo, creando juntos una nueva realidad social, donde la infancia y los derechos de la persona vulnerable sean el centro de los programas sociales de las Administraciones de Gobierno. En este sentido, nos sumamos a la iniciativa que han lanzado diversas organizaciones de infancia solicitando el consenso de las Administraciones Públicas y de las Entidades Sociales en favor de alcanzar un Pacto de Estado por la Infancia con el objetivo de erradicar la pobreza infantil y establecer las medidas necesarias para la inclusión social de la infancia.
Necesitamos seguir articulando todas las sinergias y redes de nuestro entramado social y eclesial, y sentirnos responsables todos de todos, en la recuperación de la dignidad humana de la Infancia en España.
20 de noviembre de 2014, Día Internacional de los Derechos de la Infancia».
